Alberto Aguirre
Andrés Manuel López Obrador quiere adaptar al sistema electoral a la Cuarta Transformación y quitar el financiamiento público para actividades ordinarias a los partidos políticos.
La austeridad republicana, en materia electoral, se vería reflejada además en la conformación del órgano constitucional encargado de organizar las elecciones federales y consultas populares y de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que tendrían menos integrantes.
Sin cambios, la estructura del Tribunal Electoral, pero la idea es reconstruir al mecanismo electoral nacional, con instituciones administrativas y judicial únicas bajo el principio de la austeridad republicana. Y nuevos integrantes.
La iniciativa de reforma —remitida ayer por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados— dejaría la resolución de las controversias electorales locales en el Poder Judicial de la Federación. La unificación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales sería la consecuencia de la extinción de los OPLEs y los tribunales electorales en las 32 entidades federativas.
Adiós al INE, organismo “grande, burocrático y marcadamente ineficiente”. En su lugar se erigiría el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, como única autoridad administrativa en materia electoral. Su pleno estaría compuesto por siete integrantes que serían designados por el voto secreto, directo y universal de la ciudadanía.
Adiós a los OPLES, por su gigantismo. Adiós a los tribunales electorales, por su irrelevancia. Y adiós a los legisladores plurinominales. Y adiós a los 300 distritos electorales.
El sistema de listas por entidad federativa aplicaría para elegir a los 96 senadores y a los 300 diputados federales y obligaría a los candidatos a hacer campaña de tierra, a tener mayor cercanía con sus representados. Habría un diputado por cada 420,000 habitantes y una senaduría por cada 1.3 millones de pobladores.
La representación plural más amplia en la historia sería posible a partir del 2024, cuando también se reducirían, por mandato constitucional, los Congresos locales y los cabildos municipales en todo el país.
La iniciativa —que tocaría 18 artículos constitucionales e incluye siete transitorios— busca “hacer más barata la democracia en nuestro país”, sintetizó Horacio Duarte Olivares, quien junto con Pablo Gómez encabezó el grupo redactor de esta propuesta de “reforma democrática”.
“Es un viejo reclamo de la gente, de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar (24,000 millones de pesos, según los primeros cálculos) se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación”.
Ni el modelo de comunicación política ni la estructura operativa del INE se verían afectados. Los tiempos oficiales en campañas, por el contrario, quedarían a disposición de los partidos y sus candidatos, sin que las autoridades electorales pudieran usarlos. Y se ampliarían las excepciones de la propaganda gubernamental durante los procesos electorales.
Adiós a la partidocracia. Adiós al protagonismo del INE. La Cuarta Transformación emplazó a debatir a la oposición sobre el rumbo del sistema electoral. Ni el PAN ni el PRI aceptarán el reto. El INE, tal y como lo conocemos actualmente, tiene 12 meses más de subsistencia.
Entonces ya deberá estar definida la suerte de la reforma electoral y quiénes serán los siete integrantes del órgano autónomo que organizarán la elección del próximo presidente de México.
