El arresto y encarcelamiento de Jesús Murillo Karam significa que la Fiscalía General de la República cree contar con las pruebas necesarias para probar que el otrora poderoso político priista es culpable de “los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”.
También puede interpretarse como el rompimiento definitivo del presidente Andrés Manuel López Obrador con su antecesor Enrique Peña Nieto, porque Murillo es muy cercano a éste. Como presidente de la Cámara de Diputados le entregó la banda presidencial el 1 de diciembre de 2012 y tres días después se convirtió en el 43º procurador general de la República después de que 114 de 115 senadores, incluidos casi todos los de la entonces oposición, entre ellos los lopezobradoristas, ratificaran su nombramiento.
Entre los que lo ratificaron y hoy ocupan importantes cargos en el gobierno federal o en gobiernos estatales que están en manos de Morena, destacan Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, David Monreal, Zoé Robledo, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar y Layda Sansores.
Que casi todos los senadores de la oposición aprobaran su nombramiento demuestra lo poco que les importó que quedara al frente de la PGR un veterano político que representaba lo peor del priismo.
Curiosamente, el único senador que ese día se abstuvo de votar a favor fue Adán Augusto López Hernández. ¿Sabía desde entonces el hoy secretario de Gobernación que acabaría mal el hombre que el 7 de noviembre de 2014 afirmó, en conferencia de prensa, que los 43 normalista de Ayotzinapa “fueron incinerados y arrojados al río, esta es la verdad histórica”, para minutos después, exhibiendo su prepotencia, dar por terminada la conferencia al decir “Ya me cansé”?
Ocho años después de lo ocurrido en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 no le será fácil a la FGR probar la culpabilidad de quien fue, entre otras cosas, procurador general de la República y gobernador de Hidalgo. Tampoco la de otros probables responsables del crimen y posterior ocultamiento de los hechos.
Después de todo, si el gobierno de Peña Nieto pretendió esconder lo que le ocurrió a los normalistas, tuvo cuatro años para ocultar o eliminar muchas de las pruebas que permitirían probar quienes fueron los responsables del abominable delito.
Y en esa desaparición de pruebas pudieron haber participado la PGR, que después del hidalguense estuvo a cargo de Arely Gómez, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán; las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, también involucradas en el caso, encabezadas por Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, respectivamente; la Secretaría de Gobernación cuyos titulares fueron Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), bajo sus directores Eugenio Ímaz y Alberto Bazbaz; los gobernadores de Guerrero Ángel Aguirre, Salvador Ortega Martínez, David Cienfuegos y Héctor Astudillo, y quién sabe cuántos funcionarios federales y estatales más.
Que nadie se sorprenda si, después del escándalo inicial que causó la detención de Murillo, finalmente no haya culpables o, como en otros casos, personas poco relevantes sean las que vayan a la cárcel.
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