Uso de razón
PABLO IRIARTE (EL FINANCIERO)
El gobierno no es responsable del huracán, como no lo fue del covid, pero sí de la prevención y de las estrategias rápidas para controlar daños mayores.
Lo que vemos es un esfuerzo desorganizado para controlar el caos.
En nada ayuda que el Presidente despepite insultos a diestra y siniestra. Sólo exhibe su nerviosismo por los errores cometidos en estos años.
Al momento de una crisis como ésta, la respuesta es la improvisación.
Cuando Otis aún era una tormenta tropical, “había pruebas suficientes para que el gobierno de México emitiera un aviso de huracán para la costa, y los pronosticadores del tiempo especializados en huracanes seguían esperando una tormenta más fuerte de lo que predecían los modelos computarizados”, señala The New York Times en su edición de ayer.
El martes por la tarde, con la tormenta en dirección a Acapulco, el Centro Nacional de Huracanes (CNH, ubicado en Miami) “emitió un inusual aviso especial de pronóstico. ‘La rápida intensificación observada hoy temprano ha continuado’”.
Informaron los especialistas del CNH: “No hay indicios de que esta intensificación explosiva vaya a detenerse”.
A primera hora del miércoles, el huracán Otis tocó tierra con categoría cinco.
Fallaron los modelos de pronósticos de huracanes del CNH en Miami, y falló el gobierno de México en la prevención.
Venía hacia Acapulco un “escenario de pesadilla”, dio a conocer la noche del martes Eric Blake, pronosticador del Centro Nacional de Huracanes, citado por el Times.
Saber, con 12 horas de anticipación, que golpearía un huracán terrible en Acapulco, no daba tiempo para actuar.
Imposible levantar en 12 horas lo que se destruyó en cinco años.
La prevención es una tarea permanente, con recursos y personal especializado. Ahí estuvo una de las fallas. Se había desmantelado lo que costó construir en décadas de esfuerzo, inversión y experiencias.
Durante el azote del covid murieron 800 mil mexicanos.
De ellos, 500 mil perdieron la vida por la ineptitud y la frivolidad del gobierno federal.
Trescientas mil personas era la cifra máxima de muertes inevitables por la pandemia, de acuerdo con el promedio internacional. El medio millón restante fue obra del gobierno.
A la sed, el hambre, el pillaje y las enfermedades gastrointestinales en Acapulco no se puede responder con insultos desde la silla presidencial, sino con la cooperación de todos.
En las horas posteriores a la tragedia se quiso excluir a las asociaciones privadas de la ayuda a damnificados. (Latinus lo dio a conocer, se llevó una carretada de insultos del Presidente y sus voceros, pero se logró corregir el error).
Hay razones suficientes para que un sector de la población desconfíe del gobierno para entregarle víveres, porque la experiencia reciente indica que hacen mal uso de ellos.
Cuando fue el terremoto en Turquía, las despensas que entregó la sociedad civil al gobierno capitalino nunca llegaron a los damnificados en ese país, sino que terminaron en bodegas de diputados de Morena para uso clientelar (reportaje de Pamela Cerdeira). Dentro de la tragedia hay una gran ocasión para la unidad nacional y que la ciudadanía participe.
El gobierno tiene que coordinar esa ayuda, desde luego, pero sin desplantes de orden ideológico o politiquero.
Hay advertencias de la crisis humanitaria que puede ocurrir si no se actúa de manera profesional.
Que no ocurra lo que sucedió en la pandemia. Ahorros para gastarlos en el Tren Maya a costa de vidas humanas.
El cálculo de los daños de Otis, sólo en Acapulco, ascienden a 15 mil millones de dólares, es decir unos 270 mil millones de pesos (EL FINANCIERO, viernes 27).
Para desastres naturales, el Fonden tenía en 2020 la cantidad de 50 mil millones de pesos, lo desaparecieron, y dejaron para catástrofes 15 mil millones de pesos, que quién sabe dónde estén y con qué reglas se manejen.
Los 35 mil millones restantes que estaban en el Fonden se fueron al trenecito.
El gobierno recibió un Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios por 296 mil millones de pesos.
Ese ahorro de décadas que fueron formando los gobiernos anteriores para atender alguna emergencia presupuestal grave, se lo empezaron a gastar desde el primer semestre de 2019 para “estabilizar el gasto”.
Ya que se acabaron esos fondos y los recursos de los fideicomisos en el tren y un par de obras que no garantizan la recuperación del dinero invertido. Para el próximo año se aprobó una deuda de un billón 900 mil millones de pesos.
Mientras –narra el reportero David Saúl Vela, enviado de este diario–, los habitantes de Acapulco deambulan por las calles con hambre y con sed. Y los saqueos pasaron de los supermercados a las banquetas y a las carreteras.
Es momento de unidad y de acción para evitar una crisis humanitaria en el puerto. Sin insultos es mejor.
