Oliver Velasco
Tras los últimos acontecimientos ocurridos en el norte del país, respecto al desabasto de electricidad y la aprobación en comisiones sin ninguna modificación de la iniciativa preferente presentada por el ejecutivo federal en materia de energía. Es necesario hacer un análisis, si no de los detalles técnicos de la iniciativa de ley y las consecuencias que esta podría tener, sí de los procedimientos gubernamentales en torno a dicha iniciativa, centrándonos en las prácticas políticas y legislativas que se han presentado para este tópico. Lo que está de fondo es la falta de aptitudes técnicas de los actores políticos y su desinterés por tener conocimientos al respecto.
Esta iniciativa primero intento ser implementada como una serie políticas de la Secretaria de Energía, donde se intentó aplicar sin necesidad de cambiar la legislación bajo los principios de autosuficiencia energética y soberanía energética. Desde los inicios de la actual administración con la cancelación de diversas licitaciones y la renegociación de contratos de diversas empresas que provoco una serie de disputas legales por parte de las diversas empresas afectadas. El Acuerdo de Política de Confiabilidad seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicado en Mayo fue presentado sin previa revisión por parte de las partes interesadas, los productores de energéticos y proveedores a las paraestatales, lo cual provoco suspicacias desde un principio, que posteriormente se transformaron en una avalancha de amparos legales, incluso desde los órganos autónomos del gobierno se advertía de las desventajas de este acuerdo y la respuesta desde la federación fue despedir o hacer que renunciaran las cabezas de los órganos reguladores como: el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en 2018, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en junio de 2019 y el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en agosto de 2019. Lo que nos dice en la práctica que el gobierno simplemente no tiene la intención de escuchar a los expertos, ni siquiera de sus propios órganos de administración.
La autosuficiencia energética se confunde con la seguridad energética, y con un concepto desviado de soberanía se pretende fortalecer a las empresas paraestatales para monopolizar la producción energética del país, por lo menos es lo que se acusa desde los distintos organismos privados como: la comisión de energía del Consejo Coordinador Empresarial, la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. A lo cual el gobierno responde con declaraciones como: “Lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la CFE” ya que actualmente “empresas particulares que vendían energía eléctrica a la CFE tenían más privilegios que la propia CFE” durante su conferencia mañanera. Al mismo tiempo que afirmo que no romperá con los compromisos ya adquiridos, si da pie a que no habrá preferencias de compra de energía a los privados, sin importar que sus costos de producción sean menores.
A esta disputa la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado y ha invalidado elementos de la política energética en la controversia 89/2020 ya que da una ventaja indebida a favor de las empresas estatales faltando al principio de libre competencia. Invalidando 22 disposiciones de esta política y avalaron 5 apartados. Un dato interesante a ser tomado en consideración es que la única ministra que voto en contra de la invalidación fue la propuesta por el presidente, Yasmín Esquivel Mossa. Esta sentencia presenta un precedente para futuras disputas similares al respecto. Sin embargo, aun con estos precedentes el presidente envió una iniciativa preferente al congreso cuyo contenido es prácticamente el mismo que el acuerdo de la SENER. A pesar de dejar de ser política para convertirse en ley, el carácter de inconstitucionalidad de la misma puede provocar aún más disputas, y al estar sentado el precedente de esta sentencia, se pueden venir derrotas legales para el Estado mexicano, que por supuesto implican costos innecesarios, ya que no se plantea cambiar la constitución.
Los expertos tanto en energía como en política señalan los distintos problemas que presenta la iniciativa del presidente. Aun así, la iniciativa fue aprobada en comisiones tal y como se presentó, como lo pidió el presidente “sin cambiarle una coma”, bajo la apabullante mayoría del partido oficialista, al más puro estilo del revolucionario institucional de los años 70 y 80 del siglo pasado. El martes la iniciativa será votada en el pleno de la cámara de diputados y no se esperan mayores sorpresas, aunque ya se advierten las posibles respuestas legales tanto de parte de los organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) como de las organizaciones de industriales tanto nacionales como extranjeros. Respecto a la COFECE se dice que el presidente también está por presentar una iniciativa para desaparecer este órgano autónomo que le estorba. Por lo que una vez más se repite la “estrategia” de ignorar y desaparecer a aquellos quienes no comulgan con una unidad gubernamental política.
Podemos decir que el único poder que se ha mostrado como contrapeso es el poder judicial hasta el momento. Pero lo más preocupante al respecto es la falta de atención de todas estas advertencias, tanto técnicas como legales por parte del ejecutivo federal, y por otro lado, de la legislatura al faltar a su función conferida por el voto popular de representar los intereses de la población y por lo menos hacer el mínimo análisis a las iniciativas y a las políticas públicas. Lo que se espera a nuestro país en términos de inversión, de confianza y de consecuencias económicas de aprobarse esta iniciativa puede ser catastrófico. Basta con observar la salida de capitales extranjeros tenedores de bonos del gobierno mexicano en las últimas tres semanas que suman 300 mil millones de dólares. En conclusión incluso sin entrar en aspectos técnicos sobre la producción energética del país podemos decir solamente basados en los antecedentes legales y económicos que esta forma de actuar del gobierno federal es “políticamente incorrecta”.
*Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Sociales en las licenciaturas de economía y sociología. Licenciado en filosofía maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Actualmente doctorante en la Universidad Autónoma de Nayarit/ Integrante de Unidad Democrática Sinaloa.
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