Oliver Velasco*
Hace algunos años en la llamada época neoliberal se criticaba duramente al gobierno porque a pesar de la estabilidad macroeconómica basada en: crecimiento, nivel de precios estable, porcentaje de desempleo menor a un dígito y acceso a servicios públicos. La población no sentía que hubiese un progreso material en sus condiciones de vida y que la riqueza que se estaba generando no se repartía de manera equitativa, por el contrario se argumentaba que los niveles de desigualdad social y económica aumentaban, y que el 60% del país vivía en la pobreza (por supuesto con datos relativos en la definición de pobreza que convenía a la oposición). Debemos recordar que la pobreza tiene matices: ingresos, acceso a servicios, condiciones de vida, condiciones de movilidad social, etc. Por lo que este duro discurso establecía que habría que utilizar los recursos del Estado para transferirse directamente a las poblaciones más vulnerables: pensiones para todos, becas para todos y con más razón a los sectores menos productivos, confundidos con los más vulnerables.
¿Ha funcionado? Con base en los datos estadísticos aportados por el coneval y el inegi: “La pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre 2021. (…) la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria), de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0% en zonas rurales.La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas. Destacan Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales; Quintana Roo con 10.1 y Baja California Sur con 8.3 puntos” .
¿Por qué ocurrió? Porqué aquellas bases macroeconómicas que tanto criticaban, en realidad si transferían parte de la riqueza a los trabajadores, tal vez no es suficiente proporción, pero la solución no radica como lo plantearon, en destruir o tirar aquello que no está funcionando correctamente, sino en repararlo y hacer que funcione de mejor manera. No se trata de destruir la economía de mercado, acabar con las inversiones y generar todo un nuevo sistema anti neoliberal de economía moral, donde el Estado genere los empleos. Se trata de corregir los fallos del sistema neoliberal mediante la gobernanza económica, el consenso de las fuerzas productivas, la construcción de innovación tecnológica, recursos humanos y condiciones laborales adecuadas para la reproducción.
Algo similar ocurre en materia de seguridad pública, el número de asesinatos cometidos en 28 meses del sexenio de López Obrador suma 80,231, según datos de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, superando con creces los “muertos de Calderón”. Lo ocurrido el fin de semana en Tamaulipas solamente confirma lo que el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, expreso sobre el control del 35% del territorio del país que se encuentra en manos de carteles de la droga.
La nueva estrategia radica en militarizar aún más a la guardia nacional, dejando de lado una policía nacional, lo que implica la incapacidad del Estado mexicano de combatir por medios convencionales al crimen organizado. Los cuestionamientos van en torno a las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades en un territorio que de facto se encuentra en guerra. Las implicaciones de esta política es la declaración abierta de la incapacidad del gobierno a ejercer soberanía sobre el territorio de otra manera que no sea mediante el estado de guerra. Las alternativas que nos quedan como ciudadanos son nulas, pero los tomadores de decisiones sí que las tienen. Hasta el momento no se ha replanteado la estrategia en términos que vayan más allá del combate frontal al crimen y que vengan desde la sociedad.
El problema de fondo de estas dos políticas que se han expuesto es que el gobierno está pensando la realidad de manera anacrónica, piensa en gobernabilidad en lugar de pensar en gobernanza y carece de la voluntad de escuchar las verdaderas necesidades que se tienen en la población. La economía y la seguridad pública están íntimamente ligadas, un país que no genera empleos, va a tener un incremento necesariamente ligado a actos ilícitos que permitan a su población generar los ingresos que de formas legales no se puede. Estos actos ilícitos van desde los pequeños negocios que no se reportan ante hacienda, hasta los plenamente delictivos. Es menester entender de manera completa la realidad del país para poder empezar a comprender cuales son los ejes que permitirían ir restaurando las estructuras materiales, previamente a las ideológicas de la nación.
*Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Sociales en las licenciaturas de economía y sociología. Licenciado en filosofía maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Actualmente doctorante en la Universidad Autónoma de Nayarit/ Integrante de Unidad Democrática Sinaloa.
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