Oliver Velasco*
No soy científico, no me considero intelectual, me gusta estudiar y es parte integral de mi vida, hablando de manera integral. Para hablarles un poco de quien escribe está columna, les diré que soy licenciado en filosofía por la Universidad de Guadalajara, Maestro en estudios filosóficos, en un programa nacional de posgrados de calidad del CONACYT en la misma UdeG, Maestro en Gestión Pública Aplicada en el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara y Actualmente doctorante en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit, un posgrado también inscrito en el PNPC del CONACYT y diversos diplomados en instituciones como el Colegio de Jalisco y la UAM, entre otros, por lo que técnicamente he recibido dos veces los beneficios de las becas de esta institución. Los temas de mis investigaciones van en torno a las organizaciones políticas, a las políticas públicas, a la democracia representativa y la fenomenología política. Finalmente, he sido profesor a nivel secundaria, bachillerato, universidad y posgrado, estos últimos en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Sabiendo mi posición inicial es fácil inferir qué siento cierta empatía por los grupos académicos y de estudio, qué se podrían denominar científicos. También es bien sabido que su servidor no ha hecho alabanza de muchas de las políticas de la actual administración, por lo que se podría inferir que mi disertación podría ir en defensa de los científicos y del gremio académico, los cuales que se sienten atacados por las actuales acusaciones de presunta corrupción y desvió de recursos de algunos de sus miembros. Sin embargo, no es mi intención defender un gremio, ni a sus individuos. Aun así, y reconociendo todos estos sesgos, me arriesgo a emitir mi posición respecto a la actual polémica que se suscita sobre un grupo que Integra una asociación civil qué recibió recursos del CONACYT y cuyos miembros son los sujetos de las acusaciones.
Hay que entender en primer lugar y siendo puramente objetivos; que no es un ataque a la comunidad científica en general. Sí lo asociamos a las diversas manifestaciones que ha expresado el ejecutivo Federal respecto a las clases medias, los “aspiracionistas”, los intelectuales orgánicos, etc. Se podría deducir una conclusión que genere una correlación entre la variable ideológica (la cuál de entrada estaríamos suponiendo) con la variable proceso jurídico, pero estaríamos cayendo en una especulación, ya que dicha correlación de variables no puede ser comprobada. Lo mismo ocurriría si lo planteamos como una venganza de Gertz Manero hacia aquellos quienes lo acusamos de no tener los méritos suficientes para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Por lo que es conveniente descartar estás hipótesis, a fin de no caer en lo mismo que criticamos en nuestros trabajos científicos; la falta de sustento argumentativo. Esto no quiere decir que dichos fenómenos no existan, simplemente que no hay elementos suficientes para correlacionar esas variables.
Lo que sí es denunciable con argumentos válidos, y lamentable, no como miembro de un gremio académico, sino como ciudadano es que por parte de la Fiscalía General de la República se utilice el aparato judicial del Estado para fines no prioritarios respecto a la seguridad pública. Mientras en México estamos estancados en los índices de homicidios dolosos más altos de la historia del país, a punto de superar el total de homicidios en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en solo la mitad del tiempo de esta administración. El índice de feminicidios más alto registrado con 10 asesinatos de mujeres al día, más de la mitad de ellas victimas de sus parejas o familiares, según datos del INEGI. Se empiezan a dar actos terroristas con paquetes bomba, como el ocurrido en Salamanca, Guanajuato, mientras el gobierno niega que es terrorismo, cuando cabe perfectamente en esa definición: «actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas» . El municipio de Tecalpatepec, Michoacán es bombardeado por drones del Cártel Jalisco Nueva Generación casi a diario, mientras las autodefensas y los carteles recrudecen los enfrentamientos a veces con la participación de la Guardia Nacional. Los supuestos delitos que se decide perseguir son de personas que no ponen en riesgo la seguridad nacional de ninguna manera.
En esa misma tónica, los cargos por lo que la FGR acusa a los investigadores tienen que ver con uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, lo cual implica bajo la nueva legislatura, que el proceso judicial de darse la orden de aprehensión se lleve a cabo en la cárcel, por ser estos delitos considerados de alta peligrosidad. La pregunta que surge aquí es ¿Cuáles son los recursos de procedencia ilícita, si son recursos del gobierno mismo los que se usaban para financiar sus actividades? Es decir ¿Dónde está el ilícito en su procedencia? El punto de la delincuencia organizada es discutible, ya que en su definición es según el artículo 16 de la constitución: “Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. Con lo que la fiscalía tendría que demostrar con alguna evidencia que la A.C. no es sólo una organización, sino que su fin era la comisión de actos ilícitos.
Habría que agregar a esto que: el poder judicial ya ha rechazado en dos ocasiones la emisión de las órdenes de aprehensión porque hay inconsistencias en los delitos y un mal armado de las carpetas sin evidencia, aun así, la Fiscalía intentará una tercera vez qué se emitan las órdenes de aprehensión. Está falta de sentido común es la que verdaderamente tenemos que tomar en consideración al cuestionar cómo ciudadanos, más que como miembros de un gremio, por la actuación de nuestras autoridades en la pacificación y estabilidad del país. Por las repercusiones de los actos de la justicia mexicana y su dirección hacia los verdaderos delincuentes organizados y la procedencia de recursos ilícitos. Nadie debe defender a delincuentes, no se debe tolerar la corrupción, pero la forma de actuar de la Fiscalía, por lo menos demuestra torpeza, más que saña al presentar sus acusaciones. Aunado a ello, muestra también una falta de objetividad en las prioridades en materia de impacto social en el combate a la delincuencia.
*Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Sociales en las licenciaturas de economía y sociología. Licenciado en filosofía maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Actualmente doctorante en la Universidad Autónoma de Nayarit/ Integrante de Unidad Democrática Sinaloa.
Contacto a: olivervelasco@hotmail.com
