Ulises Milán*
Mazatlán, Sinaloa; Muy buen día estimados lectores, de nueva cuenta aquí estoy escribiendo para ustedes y deseándoles como siempre que cumplan todos los sueños y metas en su vida. ¡LES MANDO UN ABRAZO, ANIMO!
La propuesta del Paquete Económico 2020, que manda el ejecutivo se compone de varios asuntos pendientes. Entre ello, describe en el punto número 3 para su apartado quinto: incentivos fiscales para los ejidos y las comunidades, un cambio de ruta que pretende incluir al mismo sector primario en el régimen de actividades denominadas (AGAPES), Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras; en la reducción del 30% del ISR.
Esta medida busca según el Plan Económico 2020, reducir las desigualdades en el país; mismo que especifica, se acentúa en el centro y norte del país comparado con el sur.
Dicho contexto, no es ajeno a lo que se entiende como prioridad en algunas zonas económicas como lo es el caso de Sinaloa que la mayoría de su actividad transcurre en el sector primario y en su aportación al PIB per cápita así como al fortalecimiento de la economía estatal a través de los ingresos.
El documento, es claro al señalar que, para el caso de los ejidos y comunidades por ejemplo quienes realizan una actividad productiva y que en su caso no avanza en la cadena como lo es en la comercialización; si eran contemplados en una disminución del ISR pero si estaban un paso más en la cadena productiva como comercializadores u otro paso más como industriales; no eran contemplados en esta bondad económica, lo que hoy en la propuesta se pretende resarcir.
La medida fiscal pretende beneficiar a los ejidatarios, comuneros o personas morales, anteriormente no podían estar exentos del Impuesto Sobre la Renta, (ISR).
En Sinaloa tenemos una importante cantidad de ejidatarios y comuneros; pero a nivel nacional según el Registro Agrario Nacional, (RAN) dice que hay 2 mil 399 comunidades en México y 29 mil 766 ejidos; de ese número 842. 3 mil son comuneros y 3 millones son ejidatarios.
Hoy cuando ha pasado un año del gobierno de AMLO, la lectura se torna distinta al 01 de julio del 2018; si bien es cierto que la desigualdad es una de las prioridades del actual gobierno, también es cierto que la aplicación de medidas económicas serán proporcionalmente efectivas si se logra incorporar a ese número de personas que aún no se han visto beneficiadas o que esperan una capitalización para poder salir del circulo de la pobreza.
En Sinaloa, tenemos un ejemplo claro; el INEGI ha mostrado que el estado ha avanzado en su nivel de crecimiento económico, comparado con otras entidades federativas, más el desarrollo ha sido desigual y no es homogéneo; porque posiblemente la actividad turística pudo repuntar y el sector inmobiliario inyectó en este segundo trimestre capital en la región.
Pero, para muestra el sur de Sinaloa tiene un antecedente muy claro y que hoy en el paquete económico 2020, viene priorizado, sí, hay que decirlo, y la muestra puntual es que la intención es buena al considerar una propuesta de asignación por la cantidad de mil 62 millones de pesos para la Presa Santa María.
Colocar en ese orden de prioridad para el PEF 2020 el sur de Sinaloa, si es algo “sensible”; más no suficiente. Es aquí donde en el transcurso de lo que ellos han descrito en una cita textual hablando del combate a la pobreza mediante los programas sociales de la siguiente manera sobre una condición mayoritaria en el país según el CONEVAL: “no se ésta condenando a quienes nacen pobres a morir pobres”.
La estrategia es buena; y quienes en su mayoría se dedican a las actividades primarias desde sus comunidades, no solo con estos incentivos fiscales si no con la aplicación de proyectos sostenibles será como se fortalezca la economía interna de estas micro-zonas y en el caso de Sinaloa, se pueda incorporar al sur como una región más fuerte social y económicamente.
Un dato interesante que hay que analizar sobre el cómo se encuentra repartido la superficie de la propiedad social es el siguiente: 82.6% la tienen los ejidos y el 17.4% las comunidades; en ambos hay similitudes en su origen pero en su fin hay disparidad dependiendo de los lugares: centro, norte o sur; así como de la vocación productiva.
López Obrador tiene una política social fuerte en el sentido de incluir a “grupos vulnerables”; aquí los números no le cuadran por ejemplo; un dato que me llama la atención es el siguiente: Conapesca quien depende de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER), viene con una ejecución en gasto administrativo de $864 millones de pesos comparado con lo que se destinaria al Desarrollo Pesquero y Acuícola en el país con tan solo $405 millones de pesos. Eh aquí un ejemplo de la visualización de la prioridad económica para poder sacar adelante las regiones como lo son el sur de Sinaloa por ejemplo; donde aún existen cooperativas pesqueras y acuícolas que mediante un esfuerzo inédito han tenido que salir adelante para poder mantener su operación como actividad primaria.
La importancia de fortalecer las comunidades es imperativo, pero también lo es buscar fortalecer de la manera más efectiva las propuestas de proyectos productivos que existan para aplicarse en el corto o mediano plazo como medidas de reacción a una economía ascendente como lo es el caso de la acuacultura y de fortalecimiento para quienes aún no se han insertado en la comercialización o exportación de productos.
Bien, el reto es mayúsculo y el Gobierno Federal no ésta solo; pero debe buscar concretar la mayor cantidad posible de acciones económicas en los sitios que lo requieren y dejar de dudar de todo ese andamiaje que hoy se presenta como una resistencia a lo que fue el clientelismo político –PRI, organizaciones de campesinos, etc..-; como síntoma de control de los viejos regímenes presidenciales y de expresión de un desarrollo primario que hoy se ve mermado por una baja en los recursos públicos y que aún sigue en la lucha por competir y por ser lo más homogéneo posible en lo que es estos 5 años que faltan de la denominada 4ta transformación.
*L.C.C, ex asesor de legisladores en Acción Nacional, Gerente Ejecutivo de Unión de Sociedades Cooperativas y Actividades Diversas de Sinaloa y Nayarit, (USCADSIN); integrante del Comité Baluarte Presidio (COBALPRE), de Grupo Promotor “Fondo de Agua” de Voces Unidas por el Agua; colaborador en diversos medios digitales y en el programa de radio Agenda Pública Sinaloa en la 90.5 fm.
