ALEJANDRO SICAIROS (NOROESTE)
Las instituciones de gobierno, derechos humanos, protección a activistas y periodistas, y de defensa de la libertad de expresión deben emitir la alerta de “los hacemos responsables” en caso de que el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sus aliados políticos o empresas proveedoras favoritas, decidieran atacar a organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles en favor de la trasparencia, medios o periodistas que insisten en que se le sancione a “El Químico” por delitos cometidos al asignarle a Azteca Lighting, sin licitar, el contrato por 400 millones de pesos por la compra de 2 mil 139 luminarias led.
Por allí anda, agazapado en los despachos de Palacio Municipal, el perverso aguijón de la venganza violenta contra segmentos de la sociedad civil y de prensa que sostienen la exigencia única de que la ley actúe para detener las posibles irregularidades que comprometen recursos públicos que, en estricto sentido administrativo, deben destinarse a atender las necesidades más apremiantes de los mazatlecos.
Para evitar que la toma de medidas venga una vez que ocurran las consecuencias irremediables, importa activar la advertencia jurídica que inhiba la tentación del escarmiento a ciudadanos en pie de lucha en las trincheras de combate a la corrupción, rendición de cuentas e indagación y denuncia periodísticas. Benítez Torres, que como Alcalde tendría que estar en la primera línea de la defensa de las libertades, es a la vez la principal amenaza.
El alto riesgo de ejercer en Sinaloa derechos como el acceso a la información, vigilancia a entes públicos, libertad de investigar y denunciar, así como exigencia de que la justicia inhabilite toda forma de afectación a las finanzas públicas, necesita de la permanente intervención de la estructura de protección a tales libertades. No es exageración: lejos de asumir las consecuencias y aprender de ellas, los intereses y conductas aviesas se disponen a evadir responsabilidades eliminando a aquellos que los evidencian.
Y esa delincuencia, con poder político o económico, que se siente afectada cuando les descubren sus transas o le echan a perder algún negocio actuará ante el menor sesteo de la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Congreso d Estado, el Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y por supuesto del Gobernador Rubén Rocha Moya. Esto, más que un presentimiento es la posibilidad que se recrea en los sótanos del poder municipal.
En el caso de la frustrada compra de luminarias para el alumbrado público de Mazatlán es bastante lo que se cayó ante la insistencia de la sociedad civil que finalmente llevó a la Auditoría Superior del Estado a revisar el procedimiento e impugnarlo. Quedó a la vista que Benítez Torres prefirió jugársela con un proveedor, al que le otorgó el contrato por 400 millones de pesos sin la debida licitación, y darle la espalda a la transparencia.
El hecho de que el Alcalde cancele contra su voluntad una transacción por tal suma económica incomoda a muchos perjudicados y aliados de manera directa e indirecta porque le echa a perder el ten percent al gobernante y lo peor de todo es que exhibe los entresijos en que operan a placer mafias político-empresariales en las administraciones públicas. Los 400 millones de pesos afectados denotan la magnitud del enojo y la dimensión del ajuste de cuentas que se fragua.
Nunca antes la acción cívica había echado a perder en Sinaloa una inversión pública como la que se aplicaría en el tema bautizado como luminarias opacas. El dictamen de la ASE, que aún no es conocido en sus manifiestos profundos, sienta el primer precedente ya dado a conocer por el Alcalde de Mazatlán, de cancelación del contrato otorgado a Azteca Lighting. Lo que sigue, si es que las instancias legales competentes hacen lo debido, llevaría a Luis Guillermo Benítez Torres al posible juicio político por este expediente y por otras denuncias acumuladas en su contra.
Por lo pronto, lo que urge evitar es que se consumen amenazas veladas o encubiertas derivadas del “ojo por ojo, peso por peso” que empieza a permear desde los muros del edificio sede del Ayuntamiento, quizás como fanfarronería o tal vez cortina de miedo que esconda otros manejos turbios por venir. Pero sin olvidar que la corrupción es la matriz de los principales delitos donde el dinero está en juego.
Aquí queda plasmado el “los hacemos responsables” por si se atreven a atentar en cualquier forma contra ONGs, activistas, periodistas, medios o cualquier organización o ciudadano que participe en las batallas anticorrupción y antiopacidad. Y el llamado a los posibles culpables o presuntos inocentes a que vean la enorme lupa cívica colocada encima de ellos que los convoca a ser más transparentes ante los sinaloenses y menos malévolos frente a aquellos que los evidencian en pillerías.
