Enrique Campos Suarez
Suena escalofriante que un gobierno que no se ha caracterizado precisamente por el respeto a la legalidad anuncie que va a cambiar la ley para quedarse con los recursos de las cuentas bancarias que considere abandonadas.
A no pocos le viene a la cabeza aquella imagen del dictador venezolano Hugo Chávez parado a la mitad de una calle gritando “exprópiese” con toda la omnipotencia que ese pueblo le permitió construir.
Otros, reviven las leyendas urbanas que hablan de un régimen que confisca las segundas casas o coches para ser repartidos entre el pueblo bueno.
Lo cierto es que no es nuevo aquello del destino que tienen en México las cuentas abandonadas. No es de la 4T el contenido del Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que sufrió su última modificación en el 2014, y que dice, en resumidas cuentas, que, una cuenta bancaria no operada en tres años se reserva en una cuenta global y que tres años adicionales después, se destinan los recursos a la beneficencia pública.
Es aquí donde está el detalle del estilo cuatroteísta de cambiar las leyes de acuerdo con los criterios del actual régimen.
Realmente no importa el nombre de quien haya presentado la iniciativa desde el partido político Morena, porque no se mueve una hoja sin que las instrucciones salgan de Palacio Nacional.
El texto legal vigente es muy claro en cuanto al destino de los recursos de las cuentas abandonadas: la beneficencia pública.
Pero ha sido evidente que este gobierno tiene filias y fobias muy claras. Entre los despreciados por este régimen están aquellas instituciones de asistencia que no dependan directamente de tener que darle las gracias al Presidente y que los beneficiarios puedan refrendar su agradecimiento en las urnas.
Y no hay filia más grande para Andrés Manuel López Obrador que el Ejército. Sí, la iniciativa aprobada por todos los partidos políticos apunta a destinar los recursos de las cuentas mostrencas a “la seguridad”, básicamente hablan de la Guardia Nacional que de manera anticonstitucional está bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Son algo así como 75,000 millones de pesos que, ahora que se concrete el proceso legislativo y se publique la modificación en el Diario Oficial, pasarán de la asistencia pública a completar el presupuesto de egresos en materia de seguridad que manejan las fuerzas armadas.
Claro que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad, después de los baches dice el Presidente, pero se mantiene esa política del desvío de recursos para la asistencia social hacia la lista de prioridades presidenciales, donde están sus obras faraónicas, el gasto asistencialista repartido en efectivo y el Ejército.
Esta determinación es también una evidencia más de esa urgencia de sacar recursos de donde sea para completar el gasto público ante la evidente negación de aceptar la realidad de una economía que no crece y por lo tanto no aporta lo suficiente para mantener este ritmo de gasto actual.
Ya nos enteraremos quiénes son los afectados por esta decisión legislativa de secar ese flujo de recursos hacia la beneficencia pública para completar el cada vez más descomunal presupuesto de las fuerzas armadas.
El Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, dice que, una cuenta bancaria no operada en tres años se reserva en una cuenta global y que tres años después irá a la beneficencia pública.
ecampos@eleconomista.mx
