Es imprescindible que el Ejecutivo federal agilice la transferencia de recursos y que transparente el ejercicio del presupuesto del Insabi en Sinaloa, a fin de garantizar la atención de la población no derechohabiente y lograr la cobertura universal en salud, señalaron la diputada Erika Sánchez y el diputado Alfredo Villegas.
El estado de Sinaloa es actualmente uno de los más afectados del país por la pandemia de Covid-19. Ante esta situación, es fundamental el presupuesto y el abasto de medicamentos para atender esta emergencia, señalaron los diputados federales por el estado de Sinaloa.
Desde que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, en sustitución del Seguro Popular, el Gobierno de Sinaloa siempre se mostró dispuesto a cooperar en la transición y adherirse a este nuevo sistema, por lo que ha mantenido un constante diálogo con las autoridades federales para diseñar una estrategia integral de operación.
Hemos advertido que el Gobierno de Sinaloa ha manifestado su decisión de continuar aportando al sistema de salud mil millones de pesos anuales; sin embargo, hasta ahora, no se cuentan con las Reglas de Operación del Insabi, lo que afecta gravemente el funcionamiento eficiente del sistema de salud estatal, sobre todo, durante la actual pandemia, destacaron los legisladores Sánchez Martínez y Villegas Arreola.
Denunciaron que hasta el momento no se ha enviado al gobierno estatal la compra consolidada, lo que ha ocasionado que las farmacias del sistema de salud se encuentren entre el 40 y 60 por ciento del abastecimiento, lo más grave, teniendo en cuenta la crisis sanitaria por Covid-19, es que aún no haya certeza sobre la utilización y aplicación de los recursos que tendrá el Insabi para el Estado de Sinaloa, lo que puede ocasionar un desabasto de medicamentos y la saturación del sistema de salud estatal.
Actualmente Sinaloa tiene una población superior a los 3 millones de habitantes. Más de un millón de personas se encontraban afiliadas al Seguro Popular antes de que éste desapareciera y más de 400 mil carecían de afiliación a servicios de salud públicos antes de la creación del Insabi. Hoy, todas estas personas deben ser atendidas por el sistema de salud estatal.
