Según los federales la ley garantizará que los extranjeros que buscan ingresar y permanecer en los Estados Unidos son autosuficientes y no abusarán ni dependerán de los recursos públicos
A partir del lunes, a los inmigrantes de bajos ingresos que reciben beneficios públicos, o que algún día puede que los necesiten, se les negará una visa o tarjeta de residencia, a pesar de haber ingresado legalmente a los Estados Unidos, informa el Miami Herald.
La nueva “regla de carga pública” de la administración Trump, que favorece a los inmigrantes más ricos que buscan un estatus permanente y pone a los pobres en desventaja, dicen analistas y académicos, evitará que las personas que necesitan cupones de alimentos, cupones de vivienda, ingresos de seguridad social suplementarios y Medicaid obtengan tarjetas de residencia porque serían consideradas una carga financiera para el país.
A partir del 24 de febrero, una familia de cuatro tendría que ganar el doble de dinero (unos $60,000 dólares) para estar a salvo de esta medida, en comparación con el umbral de ingresos anterior, que era de aproximadamente unos $ 32,000 dólares, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
Los refugiados, víctimas de trata y víctimas de violencia doméstica están exentos de la regla de la carga pública. También están exentos los individuos que recibieron alivio bajo la Ley de Ajuste Cubano, la Ley de Ayuda de Nicaragua y Centroamérica y la Ley de Equidad de Inmigración de Refugiados de Haití.
El otoño pasado, la Administración Trump emitió un proyecto de ley para realizar cambios drásticos en esta legislación de carga pública. Más de un cuarto de millón de personas se manifestaron en contra de la regulación enviando comentarios. A pesar de los comentarios, el gobierno siguió adelante y publicó la ley el verano pasado.
Los defensores de la inmigración intervinieron y presentaron múltiples demandas en los tribunales de todo el país. Esas demandas resultaron en cinco requerimientos preliminares que impidieron temporalmente la implementación de la regulación. La administración apeló en todos los casos y a partir del lunes, la regulación entrará en vigencia.
