CARLOS MARIN.
Resoluciones marranas
La baja estofa de la diputación federal de Morena se refrenda con su inconstitucional pretensión de reelegirse sin solicitar licencia y el sañoso linchamiento político de la mujer a quien muchos lopezobradoristas deben su carrera: Rosario Robles.
Consumaron esas marranadas pero, curtidos en el servilismo, al menos acatarán la descalificación que por fortuna hizo ayer el Presidente de su voracidad por seguir amamantándose del presupuesto sin acatar las leyes.
Apoyados por sus contlapaches de otros partidos, resolvieron quitar candados a la reelección que los obligaban a dejar el cargo y les impedían realizar actos anticipados de campaña, así como registrarse por alguna coalición, aunque su partido haya perdido el registro.
La iniciativa para el atraco ni siquiera pasó por comisiones y se dispensaron todos los tramites, a fin de reformar y adicionar las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y General de Partidos Políticos.
En su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador les reprochó: “Eso está mal. Creo que ellos mismos lo van a corregir”, porque “todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar, no permitir…”.
Indecente por demás es también el juicio político que le instruyó la inquisitorial mayoría de Morena a Rosario Robles. Sin que exista un fallo judicial y a pesar de que ningún señalamiento indica que la señora se robó un centavo cuando encabezó las secretarías de Desarrollo Social y Urbano, morenistas y morenianos consumaron la atrocidad de condenarla por supuestos “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”.
De nada sirvió que otro personaje a quien muchos le deben el hueso, Porfirio Muñoz Ledo, advirtiera que se trataba de una sesión “innecesaria”, para “lucimiento político” de “verdugos improvisados”.
La Sección Instructora que preside Pablo Gómez, en vez de atender la emergencia del coronavirus y abstenerse de sesionar arriesgando la salud de quienes acudieron al encendido de la hoguera, insistió en iniciar un proceso que para nada perjudicará más que la cárcel a la ex funcionaria, a quien el Poder Judicial, contra toda legalidad, impidió sortear en libertad las acusaciones.
Para el almanaque de la ignominia son las justificaciones esgrimidas por dos de los verdugos: Tatiana Clouthier: “Hay 25 denuncias penales. ¿Cuántas debe haber para que atendamos lo que la justicia demanda?”, y Pablo Gómez: “Hemos cumplido con los plazos de la ley escrupulosamente. Hemos hecho un procedimiento limpio…”.
Lo cierto es que la ilegalidad y la sevicia son las que prevalecieron, ya que a Robles nadie puede separarla de cargos que ya no tiene, como tampoco inhabilitarla por 20 años porque ya lo hizo la Función Pública con diez.
Como dijo una diputada del PRI, se montó una picota. El “juicio político” viola la Constitución al imponer una vil pena de infamia que atenta contra los derechos humanos y la cacareada presunción de inocencia.
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