- Autorizaron diputados incremento a deuda interna y externa; además de deuda para Pemex y CFE.
- Afirma que el proyecto de decreto perpetúa estructura fiscal que fomenta desigualdad.
El Grupo Parlamentario de MC, que coordina el diputado Jorge Álvarez Máynez, aseveró que la aprobación del dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación 2023 “consuma un fracaso más de esta administración y desmiente el combate a la desigualdad que prometió hace cuatro años”.
“Este modelo, similar al de 2018, perpetúa una estructura fiscal que no atiende a los sectores más vulnerables. La mala recaudación y la escasa capacidad redistributiva impactarán en el financiamiento de funciones sociales a las que está obligado el Estado”, indicó un comunicado.
La bancada sostuvo que con este plan “Morena y sus aliados subordinan el poder político al económico, aumentan la deuda interna por más de 1 billón de pesos y la externa de hasta 5 mil 500 millones de dólares para el siguiente año”.
“Así, el Gobierno busca resolver otros gastos como ya lo hizo al extraer el 85% de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, en tan sólo cuatro años”.
“Para la Bancada Naranja esta propuesta es irreal y condena a la economía al estancamiento”, agregó.
Consideró que es irresponsable autorizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) un endeudamiento interno de 27 mil millones de pesos y un endeudamiento externo de 142.2 millones de dólares, pese a las pérdidas que genera.
También, apuntó, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se le autoriza un monto de endeudamiento neto interno de 12 mil 750 millones de pesos tres veces más que el ejercicio anterior.
“Tenemos el compromiso de defender que existan finanzas públicas sanas y un gasto responsable que permita lograr una recaudación equitativa para cumplir los objetivos sociales a los que está obligado el gobierno”, subrayó la bancada.
Comentó que la recaudación de México no solamente es baja con respecto a los países de la OCDE (un promedio del 20 por ciento), también en términos de la región latinoamericana.
“El Gobierno debe apostar por una redistribución, pero actualmente sucede muy poco. El gasto social representa apenas el 8 por ciento del PIB y se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE (20 por ciento) además de que dos de los tres impuestos más importantes en México tienen un efecto nulo en términos de redistribución (IVA e IEPS)”, dijo.
“Rechazamos este proyecto porque renuncia a toda posibilidad de incrementar la recaudación de manera progresiva en otros estratos sociales”, finalizó.
