Diputados del PRD, encabezados por su coordinadora, Verónica Juárez Piña, expresaron su respaldo a las organizaciones civiles Futuro 21 y Chalecos México, que presentaron hoy una demanda de juicio político contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, ante los hechos de violencia ocurridos en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre.
“En términos del artículo 109 constitucional, la denuncia se alza como un reclamo legítimo de la ciudadanía en contra de un servidor público “que ha demostrado, cada día, que no solo es incapaz para hacerse cargo de la seguridad pública del país, sino que la paz, tranquilidad y legalidad corren un grave riesgo en sus manos”, indicó en rueda de prensa Antonio Vázquez Herrera, representante jurídico de Futuro 21.
Refirió que los artículos 109 y 110 de la Constitución señalan cuáles son las faltas y conductas que pueden sancionarse con juicio político, “la evasión de un detenido sobre todo si es facilitada por un servidor público se castiga con cárcel”, apuntó.
Recordó que el pasado jueves 17 de octubre, un grupo de soldados logró la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante y asesino Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, “esa detención pudo haber figurado en la historia del país como un éxito más de las instituciones, sin embargo, Durazo Montaño ordenó su liberación, él intercedió a favor de la impunidad”.
Vázquez Herrera consideró que Durazo Montaño debe responder ante la justicia para explicar en qué condiciones decidió la liberación de Ovidio Guzmán López, a qué intereses respondió y con qué bando está, ya que, además, su decisión implica una conducta delictiva.
Comentó que, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una vez que haya sido ratificada la denuncia, deberá ser estudiada por la Cámara de Diputados, a través de la Subcomisión de Examen Previo, por ello “le pedimos que defienda la Constitución, la división de poderes y al país que, hoy en día, se siente vulnerable y desprotegido”.
Por su parte, Juárez Piña aseveró que su bancada, y como integrante de la Subcomisión de Examen Previo, darán seguimiento a la solicitud y pedirán que se desahogue lo antes posible en la próxima sesión de la instancia legislativa.
Comentó que en la última sesión de la subcomisión se desecharon alrededor de 80 solicitudes y algunas tenían de 10 a 15 años, “lo que estamos haciendo es ponernos al día, en torno a lo que se requiere. En la última reunión solicitamos que en la siguiente sesión abordáramos dos temas: el de los diputados de Baja California y el de Rosario Robles, me parece que éste es otro que tenemos que abordar”.
“Estamos ante una circunstancia en donde lamentablemente se rindió el Estado, el responsable, y el secretario Durazo Montaño, con un operativo en donde no hubo inteligencia, organización, en donde lo que prevaleció fue la improvisación poniendo en riesgo el Estado de derecho, a los sinaloenses y la seguridad de todas y todos en el país”, apuntó.
Alejandra Morán, fundadora de la asociación civil Chalecos México, refrendó su acompañamiento a Futuro 21, ante esta solicitud de juicio político, porque “consideramos fundamental el respeto a la ley, Constitución y, sobre todo, a la seguridad y los derechos de los mexicanos”.
Jesús Zambrano Grijalba, integrante de Futuro 21, enfatizó que los hechos ocurridos en Culiacán, “no pueden ni deben ser catalogados como una simple anécdota en el marco de la picaresca política mexicana, porque es un hecho de una enorme trascendencia que va a impactar la vida del país en su conjunto”.
Jesús Ortega Martínez, integrante de Futuro 21, aseveró que en los trágicos sucesos de Culiacán intervinieron funcionarios de gobiernos extranjeros, particularmente del norteamericano, a través de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), “que semanas antes del operativo fueron a Culiacán a dar instrucciones a funcionarios estatales y federales; por eso debe profundizarse la investigación”.
“El secretario de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González está obligado a comparecer para decir de quién recibió instrucciones para movilizar efectivos en la aplicación de una orden de aprehensión con motivos de extradición”, añadió.
En otro tema, sobre lo que sucedió el martes pasado cuando un grupo de 300 presidentes municipales se manifestaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente un presupuesto federalista y justo, Angélica de la Peña Gómez, integrante de Futuro 21, expresó su preocupación, porque las alcaldesas y alcaldes “hayan sido recibidos con una dosis pequeña de gas lacrimógeno”.
“Nos parece que el maltrato es totalmente irrespetuoso y desmesurado frente a otras reacciones. El gobierno de la República tiene que atender este reclamo que hacen quienes representan a los municipios que tienen serios problemas, ya que tuvieron una retención de recursos muy importante que deterioró su trabajo en la gobernanza municipal”, dijo.
Aseveró que los recursos que les están quitando a los municipios se van a programas asistencialistas dirigidos de manera centralista por el presidente de la República, “ésa es una violación a la Constitución y derechos humanos que están exigiendo ser respaldados por el presupuesto”.
