Revisar cómo se gastó el dinero para realizar las obras de infraestructura que prometió en su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto es casi imposible para cualquier ciudadano. Con las fuentes de información públicas disponibles no se puede dar seguimiento a los recursos asignados y ejecutados para cada proyecto, tampoco es posible conocer las razones para retrasar las entregas o para gastar más de lo inicialmente proyectado.
Como candidato, Enrique Peña Nieto firmó ante notario 266 compromisos y dijo que cumpliría cada uno ya en la Presidencia. De éstos, 106 —o el 39.8%— corresponden a infraestructura y fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Hasta julio de 2018, se habían concluido 81 obras, 20 seguían en proceso, dos se reportaron como canceladas y una más había sido suspendida, según información proporcionada por la Presidencia de la República.
Animal Político revisó información pública sobre el gasto proyectado y el ejecutado de cada obra, para comprobar el costo final. También se consultaron los tiempos reportados como previstos para concluir, las fechas oficiales de inauguración, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las empresas contratadas. Sin embargo, los datos disponibles hacen imposible revisar cómo se ejecutaron los recursos para cumplir sus compromisos.
Por ejemplo, no fue posible comparar montos presupuestados contra gastados porque las cifras no coinciden entre las fuentes de información disponibles: el Presupuesto de Egresos de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los reportes de la Cuenta Pública, los informes de la SCT y el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018. Los datos de cada uno de los compromisos tampoco se encuentran en una misma fuente de información.
La SCT, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, registraron en el portal http://aga.sct.gob.mx/ el estatus de la obra pública, aunque no están disponibles todos los compromisos y en el caso de los que sí están, sus datos no coinciden con el portal de datos abiertos de la Presidencia. https://datos.gob.mx/
Esta opacidad significa la posibilidad de “manipular la información de acuerdo al momento político. Si conviene o no decir que van por encima del costo, de los tiempos”. Y esto, finalmente es un riesgo de corrupción, advirtió Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De hecho, el IMCO presentará este martes 4 de septiembre un análisis sobre el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto, una de las promesas de Peña Nieto, en el que da a conocer que durante su investigación comprobaron la dificultad de revisar y dar seguimiento a los recursos y progreso de la obra con las herramientas de consulta públicas.
“Nadie puede verificarlo. Tienes que saber de finanzas, tienes que tener conocidos en Hacienda, en la Función Pública para poder acercarte a la información completa y tú armar el rompecabezas. Hay que ser casi auditor”, sentenció Kaiser. Para el análisis del aeropuerto tuvieron que hacer cientos de solicitudes de información porque los datos disponibles en los portales de acceso público son insuficientes.
Animal Político solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una explicación sobre la diferencia en las cifras o las razones de los atrasos, pero aunque se pidió explicar por qué esto es un constante en las promesas de infraestructura del presidente, sólo dio detalles de las obras que se mencionan más adelante.
Sobrecosto sin explicación
El Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona Metropolitana de Guadalajara fue el compromiso del presidente número 4 en materia de infraestructura. El monto de inversión estaba previsto en 17 mil 693 millones de pesos, pero según reportes de la cuenta pública terminó costando 25 mil 586 millones de pesos, lo que significaría un sobrecosto de casi el 45%.
El costo final también está referido en el informe “Acciones relevantes 2013-2017” publicado por la SCT rumbo al sexto informe de gobierno. Sin embargo, en el portal de datos abiertos de Obra pública e infraestructura, la dependencia reportó una inversión total de 25 mil 586 millones de pesos, con corte hasta el 30 de abril de 2018. Es decir, hay una diferencia de mil 169 millones de pesos.
En tanto, en el presupuesto de egresos de 2017, se contemplaba como costo total de la obra 22 mil 087 millones de pesos.
Aunque en sí mismo el aumento en el presupuesto a una obra no significa corrupción, de acuerdo con los propios especialistas del IMCO, porque podría tener justificación en el aumento en el precio del dólar, de los materiales o algún contratiempo, en ningún reporte de la dependencia se encuentra la explicación del sobrecosto del tren y tampoco precisión sobre las cifras.
Sobre esta obra, la ASF hizo dos revisiones. En la primera, de 2015, determinó irregularidades en la revisión de los requisitos de las empresas y determinó una recuperación de 3 millones de pesos. https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0402_a.pdf
En la de 2016 determinó un daño al erario por 26 millones de pesos por pagos duplicados y errores en los precios unitarios de los materiales.
La obra inició en agosto de 2014 y aunque tiene 92% de avance, según el informe de la SCT, se prevé concluir este año y las pruebas operativas se iniciarían en el primer semestre, aunque no existe información respecto a que efectivamente ya se hayan realizado.
Además, en la revisión se identificó que 31 obras de las prometidas por Peña Nieto tuvieron retraso en su ejecución. Es decir, se inauguró en una fecha posterior a la prevista. El caso con mayor retraso es la promesa 116, referente a “modernizar el transporte público urbano en la Región Lagunera, primera etapa”, se inició en 2015 y estaba proyectada para concluirse un año después, pero de acuerdo al reporte de la SCT, hasta julio de 2018, la obra tenía 11% de avance y no hay fecha de conclusión ni inauguración.
Las cifras no cuadran
El compromiso 22 se refiere a la construcción de la carretera Cardel-Poza Rica, primera etapa, en Veracruz, que inició en agosto de 2014 y según el Plan Nacional de Infraestructura, se preveía un presupuesto de 4 mil 68 millones de pesos.
Hasta abril de 2018, el gobierno federal informó que el costo total era de 3 mil 470 millones de pesos; la SCT informó que la inversión era de mil 730 millones de pesos, mientras que en la Cuenta Pública de 2017, se contemplaron 5 mil 709 millones de pesos como costo total, aunque el presupuesto devengado y presupuestado está en ceros. Además, aunque la obra se inició en 2014, el gasto no está registrado en la Cuenta Pública de ese año, ni de 2015 y 2016.
De acuerdo con la respuesta de la SCT, el costo de construcción de la obra se incrementó por trabajos adicionales de carácter social (pasos vehiculares y de ganado), por obras hidráulicas adicionales, obras inducidas para protección y reubicación de líneas de CFE y ductos de PEMEX y a trabajos generales como reubicación de plazas de cobro para hacer más eficiente la operación del corredor Cardel – Tihuatlán, equipamiento y fibra óptica.
Además, “la inversión de esta obra corresponde a recursos privados por lo cual no se reporta en cuenta pública”, pero nada de esto es de consulta pública en el reporte de datos abiertos.
El compromiso 187 “ampliación de la carretera San Buenaventura-Estación Hermanas” en Coahuila se inauguró en 2015, pero los datos en cada fuente son distintos. En el portal de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se registró un gasto total de 107 millones de pesos, mientras que en el presupuesto está calculado como gasto total 155 millones de pesos y en el Informe de Cuenta Pública se reportó el gasto de 437 millones de pesos.
En tanto, la Modernización del Anillo Periférico Ecológico y construcción de la Ciclopista en Puebla se registró una inversión total de mil 253 millones de pesos en el portal del gobierno Federal, pero la SCT informó un costo de mil 355 millones de pesos y en el reporte de avance financiero a 2018 se reporta un gasto ejecutado de mil 466 millones de pesos y como costo total 2 mil 273 millones de pesos.
De acuerdo con la respuesta de la SCT, estos cambios se deben a que la dependencia decidió construir seis y no cinco entronques como estaba previsto en la promesa original, lo que significó 101 millones de pesos. Además, el monto de inversión programado ante la SHCP de 2 mil 273 millones de pesos “contempló inversión privada para trabajos a realizar por el Gobierno del Estado. Sin embargo, los trabajos se realizaron únicamente con recursos federales los cuales fueron reportados (1,466 mdp a precios constantes 2018)”.
Max Kaiser, integrante del IMCO, advirtió que una manera de combatir esta opacidad es tener un portal único de contrataciones públicas en el país en el que se registre el presupuesto y avance del proyecto prácticamente en tiempo real, para que cualquier ciudadano pueda dar seguimiento a una obra pública.
La idea sería tener en un mismo sitio “cómo se planeó una obra, cómo se presupuestó, y la posibilidad de ir siguiendo cómo se va gastando” y técnicamente es posible. Esto, dijo, debería ser tomado en cuenta por la próxima administración porque si el futuro presidente quisiera saber esta información tendría que preguntarle al menos a dos secretarios de Estado porque la información “es un desastre”, afirmó.
