Oliver Velasco*

Hasta el momento la política mexicana ha funcionado a base de chivos expiatorios, hermanos incomodos, venganzas políticas y lideres sindicales presuntamente culpables. La vendetta política no es algo nuevo y usualmente había un escándalo sexenal que era considerado como un manotazo en el escritorio por parte del mandatario en turno: Raúl Salinas de Gortari, Elba Ester Gordillo, han formado parte de esas colecciones de infames personajes culpados y posteriormente absueltos por capricho político. Sin embargo, esa potestad era prácticamente exclusiva del ejecutivo federal. En estos momentos asistimos a una descomposición de esa institución no oficial de venganza.

Oficialmente se ha abierto la temporada de caza en la política mexicana, donde prácticamente cualquier funcionario con un puesto lo suficientemente alto como para poder tener buenas relaciones con el poder judicial de su localidad es capaz de poner en jaque a cualquier adversario, y ya están cayendo enemigos políticos, periodistas, comunicadores, personajes incómodos, funcionarios y hasta exgobernadores.

Tenemos los casos de: Laura Morán y Alejandra Cuevas parientes políticas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, quiénes son acusadas por él, quién a su vez, fue grabado usando sus influencias para tener ventaja en el juicio en su contra. Este caso ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, generando una gran expectativa e insatisfacción social respecto al involucramiento de miembros del tribunal en los audios donde el fiscal afirma tener influencia sobre ellos.

Otros casos son: Chumel Torres, conductor de “noticias” también se encuentra en la mira de las autoridades por una acusación de Bertha Carabeo legisladora de morena, por “apología del delito o de algún vicio” de acuerdo al código penal Federal, donde la FGR se encuentra en investigaciones para determinar si existe el delito. La alcaldesa de Cuauhtémoc, en la ciudad de México, Sandra Cuevas suspendida de sus actividades por orden de una juez, mientras se investiga la posible comisión de delitos contra dos policías que reclaman haber sido maltratados por ella. La alcaldesa reclama que es una acusación elucubrada desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, para recuperar el gobierno de la alcaldía para Morena. Finalmente, fue detenido el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quién se encuentra acusado por la actual administración al de desvío de recursos, cabe mencionar que la acusación fue presentada por Samuel García cuando era senador de la república, pero no fue hasta ahora que es el gobernador de Nuevo León que se ejecutó la investigación.

Así pues, aprovechándose de sus contactos, muchos funcionarios han decidido facilitarse la vida utilizando el poder judicial para deshacerse de sus rivales políticos, hacerse de fama o satisfacer sus vendettas personales. La consecuencia para los ciudadanos de a pie es que: más que dar certidumbre jurídica, esto da una incertidumbre sobre lo jurídico. No queremos decir que no debe investigarse a los funcionarios o exfuncionarios, quiere decir que la autoridad tendría que comprobar con pruebas fehacientes qué lo que se está haciendo es un ejercicio de justicia y no una persecución política. Porque en todo caso, un ciudadano de a pie ¿Qué posibilidades tiene de recibir justicia si tiene alguna querella con una autoridad? Y este tipo de incertidumbre debilita aun más el marco de derecho, de los periodistas, empresarios, activistas, usted y yo.

*Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Sociales en las licenciaturas de economía y sociología. Licenciado en filosofía maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Actualmente doctorante en la Universidad Autónoma de Nayarit/ Integrante de Unidad Democrática Sinaloa.

Contacto a: olivervelasco@hotmail.com

Twitter: @Oliveriu2

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