JOSE UREÑA (24 HORAS)
El enojo presidencial es mayúsculo.
De repente los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial de la Federación se unieron en una movilización lejana al escenario de Andrés Manuel López Obrador.
Le han estropeado el ambiente político al final de su mandato en varios sentidos, por las movilizaciones nacionales, el respaldo social de esta inconformidad y sobre todo por sus efectos internacionales.
Lo dibujan como un gobernante propenso al autoritarismo, camino a la dictadura por desaparecer la autonomía de los Poderes de la Unión y de los órganos autónomos.
El es titular del Ejecutivo, tiene en sus manos el Legislativo -Cámara de Diputados y Senado de la República- y juntos los enfoca contra el Poder Judicial.
El Presidente desmiente todo con un solo argumento: es su palabra -única válida en México y ante el mundo- y la promesa de democratizar al país a partir del voto popular.
LA ÚLTIMA ESPERANZA
Aquí está su contradicción.
López Obrador no esperaba la paralización de juzgados, tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque los creía sometidos a su dictado.
Vio con satisfacción las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) de Guadalupe Taddei y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de Mónica Soto.
Le dieron su ansiada mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, de haber podido, le hubiesen concedido los votos suficientes en el Senado de la República para su reforma judicial.
Hoy el Presidente tiene un obstáculo para su reforma madre.
La Sala Superior del PJF, con la presidenta Norma Lucía Piña de adalid, puede ser un freno definitivo porque si logra concitar el voto de ocho ministros, le echarán por tierra su último gran legado: la aniquilación del Poder Judicial.
Ella, jueces, magistrados, ministros y trabajadores salieron a rechazar este mamotreto de los poderes Ejecutivo y Legislativo porque defendieron su autonomía como no lo hicieron el INE y el Trife.
Pero el riesgo es mayúsculo: echar para atrás esa reforma llevaría al país a una gran crisis constitucional, a la indefinición jurídica y al vacío republicano y jurídico.
Riesgo de la megalomanía del todo, del tótem.
SOGA PARA AHORCAR
Los consejeros electorales del INE y los magistrados del TEPJF debieran estar preocupados.
Solitos se pusieron la soga al cuello para ser ahorcados en la próxima iniciativa, sea de Andrés Manuel López Obrador o de Claudia Sheinbaum, para ser sojuzgados -¿más?- o de plano aniquilados.
Argumento: por costosos e inútiles.
No como Morena, pues si de recursos públicos hablamos, con las prerrogativas del Inai, el INE y el Trife tendrían larga vida.
Y si oteamos la utilidad, sin ellos su triunfo de junio no tendría la credibilidad de la victoria, la superrepresentación en la Cámara de Diputados y la acreditación de senadores con triunfo dudoso.
Porque los consejeros liderados por Guadalupe Taddei y los magistrados Mónica Soto -felicidades, ayer cumplió años- les dieron la supremacía no reflejada en las cifras de las urnas.
Pero ahí vamos.
