PABLO HIRIART (EL FINANCIERO)
Se entiende que buena parte de la sociedad no se sorprenda por el rumbo que lleva México, pues dedica sus horas a corretear el sustento diario en un país en el que hay empleo y la economía presente no está mal.
No es el caso de las élites, que por interés o cobardía han abandonado su responsabilidad social.
Vivimos la destrucción del Estado de derecho, con un proyecto transexenal de demolición ante el que buena parte de las élites se ha adherido de palabra, obra u omisión.
La designación de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que ser objeto de mesas de discusión en los medios electrónicos, universidades y agrupaciones empresariales en todo el país.
Ella llega a la Corte con la intención expresa de destruirla.
Las élites fingen estar felices con el Tren Maya, que ninguno de sus más acaudalados exponentes quiso operar como concesionario porque saben que esa extravagancia es financieramente inviable.
Pero eso es dinero y tarde o temprano, con corrección de políticas públicas, se podrá absorber. Todas las ocurrencias nos han hecho perder tiempo y dinero, que son recuperables, a un alto costo para la población.
Lo que no tendrá remedio es la destrucción del Estado de derecho, que va de la mano con el empoderamiento del narco y otros grupos criminales.
Para febrero se anunció el proyecto de reformas constitucionales que cambiaría la composición de la Corte y sus integrantes serían electos por votación popular.
También llegará al Congreso la propuesta de elegir por voto popular a jueces y magistrados.
El Presidente avisó su siguiente paso: que los ministros de la Corte sean sujetos a revocación de su permanencia en el cargo, también por votación abierta.
“Ya se va… eso no va a pasar en México… no tienen la mayoría que se necesita para reformar la Constitución”, es lo que se oye para justificar la pasividad de las élites.
La candidata presidencial de Morena es impulsora de esas reformas, lo dice en campaña, y va arriba en las encuestas.
Y las élites, en lugar de exigir a Claudia Sheinbaum un compromiso público contra el tiro de gracia a la legalidad, le organizan desayunos y reuniones donde aportan recursos a su campaña.
Elegir jueces, magistrados y ministros es entregarle al narco y demás grupos criminales el voto de calidad para imponer a sus juzgadores.
Son los grupos criminales los que movilizan el voto en amplios lugares del país porque tienen incentivos para ello.
Lo vivimos en las elecciones intermedias de 2021: fueron asesinados 36 candidatos y 102 políticos en general.
Gobernadores llegaron al poder por la operación de cárteles de las drogas, y en lugar de investigar y castigar, el Presidente sigue mandando abrazos a los victimarios.
Un par de visitas furtivas a Acapulco, privadas, donde un ciclón devastó el patrimonio de decenas de miles de familias, y hay apoyo total del Presidente a autoridades que están unidas en una amalgama de terror y dinero con grupos criminales de Guerrero.
