- Cómo telón de fondo se encuentra la trata de personas para la prostitución, de acuerdo con estudios del Senado mexicano.
Rafael Villoro cerró el lente de su cámara y comenzó a filmar. Era de noche y él un experto en grabaciones discretas. Pasaría desapercibido, estaba seguro. Apenas había luz en la calle Coahuila, la zona de prostitución de la ciudad de Tijuana.
“Eran puras niñas entre 10 y 15 años”, recuerda el camarógrafo.
En ese tiempo, previo a la pandemia, él trabajaba para una de las televisoras de transmisión nacional cuyo nombre omite para no violar los acuerdos legales de trabajo.
El foco rojo de la cámara parpadeó discretamente, una luz intermitente que observó una de las chicas. Esa niña gritó: “Nos están grabando”.
Lo que siguió fue un zafarrancho: jovencitas corriendo hacia dentro de una casa, sirenas de patrullas, hombres agitados… ¿Por qué apareció la policía tan rápido?
Villoro iba acompañado de un productor, quien se metió a la camioneta. El camarógrafo aventó su equipo al fondo de la cajuela, echó ropa encima de éste y cuando un desconocido se acercó a preguntar por la filmación, mostró el teléfono.
Juró no haber iniciado la grabación y no había ya nadie que lo contradijera. Los policías lo observaban.
“Era imposible que ellos estuvieran ahí tan pronto sin que estuvieran involucrados de alguna manera”, observó Villoro en entrevista para este diario. “Eso es el crimen organizado”.
La desaparición de 24,600 mujeres en el presente sexenio tiene como telón de fondo la trata de personas para la prostitución entre otros delitos documentados por diversas organizaciones de la sociedad civil y reconocidos por las autoridades desde poco antes de 2018.
El Senado de la República, a través de su instituto de investigación Belisario Domínguez, documentó con cifras del ministerio público federal que existen en el país por lo menos 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en este flagelo para fines sexuales y laborales que operan principalmente en la Ciudad de México y en 17 estados de la República.
Precisó que Puebla, Chiapas, la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California Norte y el Estado de México concentraron 76% del total de las averiguaciones iniciadas en el ámbito local. Asimismo, a nivel nacional, identificó a 363 municipios considerados de alta vulnerabilidad y 464 de vulnerabilidad media.
“No hace falta gran ciencia para saber que, en cuanto una organización criminal se toma el control de una plaza, uno de sus principales blancos son las mujeres”, dijo Kali Victoria, activista en contra de los feminicidios en el estado de Guerrero.
“Eso está probadísimo. En Iguala, por ejemplo, estaba todo tranquilo, no había problemas y cuando llegaron los de Guerreros Unidos empezaron a matar y desaparecer a nuestras hermanas, madres, sobrinas y nadie ha querido investigar, las autoridades no se meten”.
La semana pasada, se supo de la desaparición de Yoseline Patricio Vendrel, de 16 años de edad pero no por una denuncia ante la fiscalía local, sino porque sus amigos y familiares tomaron la Autopista del Sol, una de las rutas turísticas más transitadas desde la Ciudad de México al puerto de Acapulco.
Yoseline Patricio fue secuestrada por hombres armados la mañana del viernes 20 de mayo cuando se dirigía a su escuela, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, acompañada de su novio.
Dos sujetos armados interceptaron a los adolescentes, golpearon al muchacho y luego se llevaron a la chica en un Volkswagen tipo Sedan color blanco.
Otro caso sobre el cual sólo se supo por la toma de la vía pública fue el de Nancy Yuriko Velázquez, de 29 años. Amigos, colectivos de lucha contra el feminicidio y familiares esperaron doce días a que la chica apareciera en Chicoloapan pero, cuando encontraron el cuerpo de otra mujer, temieron que Yuriko tuviera la misma suerte.
Por eso marcharon y bloquearon la carretera federal México-Texcoco durante varias horas para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México una respuesta a la denuncia por su desaparición. “¡Nancy no se fue, a Nancy se la llevaron!”, “! ¡Nos falta Nancy!” exclamaron las personas que participaron en la movilización.
Pero la respuesta fue la misma por parte de las autoridades: “No está”.
El estudio del Instituto Belisario Domínguez detalló que “diversos testimonios dan cuenta de que en México la trata es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico, el crimen organizado con nexos entre hombres propietarios de negocios sexuales metidos en la política”.
El camarógrafo Villoro sugiere que incluso podría haber ciertas complicidades de medios de comunicación. “Después de que impedí que decomisaran las filmaciones en Tijuana, la televisora las archivó, no quiso transmitirlas”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado pagos de entre 25 y 80 mil pesos (unos 1,200 y 4,000 dólares) a policías ministeriales para congelar una investigación sobre trata de personas y de 800 mil pesos a las autoridades municipales para que evitar operativos de rescate de víctimas.
También calculó pagos de hasta 100 mil pesos (unos 5,000 dólares) para la defensa de responsables del delito.
“Esuno de los crímenes más violentos, clandestinos y difíciles de identificar, en particular por la falta de denuncias por parte de las víctimas –en su mayoría mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual–, además de la corrupción”, aseveró Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Testimonios de mujeres rescatadas de las redes de trata revelan que la falta de denuncia tiene dos explicaciones: no confían en las autoridades y temen por su vida.
Villoro cree que la advertencia que dio la niña cuando se vio filmada tuvo como motor la intimidación de proxenetas. “A esa edad es muy fácil meter miedo”, advierte. “A cualquier edad si eres vulnerable frente a organizaciones criminales tan poderosas”.
El informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado que mide los niveles de crimen en los países miembros de la ONU, ubicó este año a México en el cuarto lugar de 193 países con más crimen organizado, solo superado por el Congo, Colombia y Myanmar.
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