RAYMUNDO RIVA PALACIO (EL FINANCIERO)
El apoyo público del presidente Andrés Manuel López Obrador para la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es inexplicable. Pero es aún más inconcebible porque intramuros la considera una incompetente a la que todos los problemas la rebasan. La gobernadora es tratada por Palacio Nacional como una figura de ornato, porque quien lleva las riendas del estado es su padre, el senador Félix Salgado Macedonio. Los temas importantes no son tratados con ella, sino con él, de manera no directa sino indirecta, y es a quien hacen responsable del control y el manejo de la crisis permanente que vive la entidad.
Guerrero se ha vuelto un tema de preocupación real en Palacio Nacional y el Presidente le autorizó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero –que hace las veces de jefe de Oficina y secretario de Gobernación en la sombra– para que hablara con el senador sobre la problemática en el estado, en particular por la cercanía incómoda que tienen los Salgado con el crimen organizado. El detonante fue un reporte que le entregó Gertz Manero a López Obrador donde mencionó que sólo este año han sido asesinadas, con violencia extrema, 10 personas cercanas a la gobernadora.
El Presidente está metido, aunque no lo quiera ver o reconocer, en la contradicción de sus propios errores, al impulsar a Salgado Macedonio a la candidatura para la gubernatura de Guerrero, que cuando se frustró por violar las leyes electorales, pese a tener opciones y recomendaciones de sus más cercanos, optó por su hija Evelyn, para que el poder quedara en manos de la familia y sus cercanos.
Uno de ellos, Ludwing Marcial Reynoso, fue impulsado por el senador para ser el fiscal estatal, pero los anticuerpos en el gobierno federal se le cruzaron por su presunta responsabilidad en pactos oscuros con los Beltrán Leyva cuando era secretario del ayuntamiento de Acapulco, encabezado en ese entonces por Salgado Macedonio. No obstante cayó como secretario general de Gobierno, a través de quien manda el senador.
La reacción dentro del gobierno permitió que llegara a la fiscalía del estado Sandra Luz Valdovinos, teniente coronel del Ejército, a quien el gobierno estatal la ha bloqueado, sin darle apoyo ni recursos. El envío de una fiscal militar pretendía desmantelar la red de protección que se tejió durante el gobierno de Héctor Astudillo, cuando se impulsó como la organización criminal predominante a Los Tlacos, se contuvo a La Familia Michoacana en una parte de la Tierra Caliente, colindante con el Estado de México, y se negoció con Los Ardillos.
Desde la Ciudad de México respaldaron a Valdovinos y se obtuvieron, por primera vez, órdenes de aprehensión contra los jefes de Los Tlacos, Onésimo el Necho Marquina, que anda huyendo; de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y contra los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, jefes de La Familia Michoacana. Valdovinos chocó recientemente con la Secretaría de Seguridad, por el tema de los policías que mataron a un normalista de Ayotzinapa, del general de brigada Rolando Solano, un guerrerense cercano al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que revela que también dentro del Ejército hay prioridades diferenciadas.
La falta de apoyo de la gobernadora y el senador a la fiscal Valdovinos demoró las acciones contra los grupos criminales, que tuvieron tiempo para modificar sus estrategias y relanzar, de forma individual y coordinadamente, acciones contra el gobierno federal en Guerrero, el enemigo real que tienen, porque el estatal está subordinado, en el mejor de los casos, ante ellos.
La estrategia que se está viendo en Guerrero repite la que realizaron durante el gobierno de Ángel Heladio Aguirre (2011-2014), aplicada en dos tiempos. Primero fue la violencia de grupos criminales detrás de policías comunitarias y, posteriormente, a través de la normal de Ayotzinapa, infiltrada por la banda criminal de Los Rojos, en cuya dinámica y contexto se dio la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
Lo que se está experimentando en Guerrero es la reedición de esa estrategia desestabilizadora. Primero fueron los enfrentamientos entre bandas criminales y asesinatos de líderes comunitarios, y en la actualidad está la fase de la violencia a través de la normal. La escuela sigue infiltrada por las bandas criminales, de acuerdo con información del gobierno federal, y en el entorno de los familiares de los normalistas desaparecidos se encuentra otra de sus ramificaciones, el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que hace años se escindió del EPR (Ejército Popular Revolucionario), al cual pertenecen algunos abogados, activistas y políticos de Morena.
Guerrero está podrido y es un estado fallido. Un informe que le entregó el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, al Presidente a finales del año pasado, referido en este espacio en febrero, establecía que, para poder recuperar Guerrero, habría que trabajar 10 años. El deterioro ha sido acelerado. En una década, de acuerdo con informes gubernamentales, el número de municipios controlados por el narcotráfico se elevó de 22 a un estimado de al menos 40, dos terceras partes del total de municipios. Sin importar lo que se haga, Guerrero seguirá en manos de los criminales por varios años, viviendo en inestabilidad.
Los Salgado son parte del problema, pero hablar con el senador como propuso el fiscal general al Presidente para resolver la problemática y la gobernabilidad no dará resultados positivos porque no le interesa y el poder real lo tienen otras manos. La gobernadora está escondida y el senador en sus negocios, que por cierto realiza en una cantina en Amojileca, una pequeña comunidad en el municipio de Chilpancingo, que es donde lo grabaron bebido y bailando.
El desafío, al gobierno federal y al Estado mexicano, es de los grupos criminales que se apoderaron de Guerrero y controlan el presente y el futuro inmediato de la población. Hay una decisión de que la afrenta sea respondida, pero para que pueda tener éxito se necesitará alinear los esfuerzos dentro del gobierno federal, que no lo están, y diseñar una salida política para que haya un relevo de la gobernadora formal y el gobernador de facto.
