Posterior a la primera sesión de la Sexagésima Quinta Legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño y la MC. Angélica Díaz Quiñónez presentaron tres iniciativas; la Ley para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras infecciones de transmisión sexual, Reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Reforma a la Ley de Salud para el Estado de Sinaloa.
Al explicar el objetivo, el coordinador del Grupo Parlamentario, Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que ésta última Ley está busca destinarle recursos económicos a la atención del problema de hipertensión arterial, ya que es considerada como una enfermedad catastrófica.
Asimismo, la diputada MC. Angélica Díaz Quiñónez explicó que la Reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mejor conocida como Protocolo Violeta, tiene como objetivo establecer en Sinaloa un mecanismo especializado para la atención de niñas, mujeres adolescentes y mujeres víctimas de violencia.
“El Protocolo Violeta tiene por objeto la prevención, atención y erradicación de la violencia, en todas sus formas contra las niñas, mujeres adolescentes y mujeres que se encuentren en riesgo inminente de sufrir algún daño grave a su integridad personal dentro del estado de Sinaloa; como una estrategia integral de reacción inmediata para su protección o búsqueda y la Alerta Violeta”.
Asimismo, los diputados del PAS explicaron que la iniciativa de Ley para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras infecciones tiene como objetivo principal establecer los mecanismos y acciones para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras infecciones de transmisión sexual.
La política estatal para la prevención y control del VIH, SIDA y otras ITS, deberá contemplar las acciones necesarias para garantizar a las personas con VIH, SIDA y otras ITS el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos. Asimismo establece que los centros de salud, laboratorios y bancos de sangre tienen la obligación de ofrecer protección, capacitación y condiciones de bioseguridad a las personas que se encuentran en sus instalaciones trabajando, a fin de garantizar su seguridad y minimizar el riesgo de transmisión de VIH, SIDA u otras ITS.
Mientras que la política estatal para la prevención y control del VIH, SIDA y otras ITS será: erradicar la discriminación hacia las personas con VIH, SIDA y otras ITS, informar a la población sobre la magnitud y trascendencia del VIH, SIDA y otras ITS, brindar a la población información relacionada con las formas de transmisión, detección y tratamiento del VIH, SIDA y otras ITS, promover el uso del condón y otras prácticas sexuales seguras que impidan la transmisión del VIH, SIDA y otras ITS, prevenir el VIH, SIDA y otras ITS, a través de campañas de difusión masiva y programas estatales, promover los servicios de atención médica para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas que viven con VIH, SIDA u otras ITS e impulsar la investigación científica en la materia.
