Gonzalo Hernández Licona, titular del Coneval, aplaudió la intención de “limpiar” la casa de “coyotes” que viven de gestionar programas sociales, aunque también dijo que hace falta un esquema muy claro de sustitución, con gente honrada y profesional.
( Itxaro Arteta (@iartetam) Animal Político Portal)
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que en cuanto empiece su gobierno desaparecerán los actuales intermediarios que entregan recursos de programas sociales, para evitar el clientelismo.
Sin embargo, expertos en desarrollo social coincidieron en que siempre existirá el riesgo de que haya personas que se adapten a las nuevas condiciones o se corrompan, y que vuelva el uso político de los programas.
Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aplaudió esta intención de “limpiar la casa” y acabar con los llamados “coyotes”, que prácticamente viven de gestionar recursos sociales, pero advirtió en entrevista que entonces hace falta un esquema muy claro para sustituirlo.
“Hay una enorme desconfianza por los intermediarios, en parte con razón, porque muchos lo que han hecho es que se han cobrado sus chambas. Pero me parece que hay que tener un sustituto eficiente y eficaz, porque entregar las cosas por uno mismo como gobierno va a requerir muchísima gente para hacerlo, y gente toda que sea completamente honrada y que sea profesional”, señaló.
La propuesta inicial de López Obrador es centralizar el manejo de las políticas sociales, quitando a las decenas de delegados que hay actualmente en cada estado por cada dependencia y cada programa.
Es decir, hoy una entidad tiene un delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), otro de Prospera, otro de Liconsa, etcétera. En lugar de eso, el próximo presidente ha nombrado a 32 delegados estatales de Programas Integrales de Desarrollo y 164 regionales.
No ha dado detalles de cómo se organizará la nueva estructura para entregar los recursos de programas, aunque reconoció que no podría ser por transferencias bancarias, ya que sólo en 65% de cabeceras municipales hay banco.
“Se está planeando una estrategia de entrega de fondos de manera directa para que no haya intermediarios y no se use dinero en efectivo, que no haya traslado de dinero en efectivo”, dijo el pasado 31 de agosto en conferencia de prensa.
¿Cómo funcionan los intermediarios?
Alberto Serdán, coordinador de la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza, identificó por lo menos tres tipos de intermediarios: organizaciones sociales (como Antorcha Campesina o las de vivienda) que mediante manifestaciones y presión consiguen programas, y entonces deciden a quién benefician; otros son operadores políticos directamente de los partidos que movilizan a la gente o piden el voto; y otros actúan por intereses personales, como pueden ser operadores de programas que condicionan a los beneficiarios a que acudan a su negocio o les den una cuota.
Uno de los programas donde más coyotes pueden aparecer, de acuerdo con Serdán, es Prospera (antes Oportunidades, antes Progresa), que es el más grande del Gobierno porque atiende a casi 7 millones de familias. Es un programa que condiciona las ayudas a que las madres lleven a los hijos a la escuela y a revisiones médicas, además de que hay representantes llamadas “vocales”, que deben ser elegidas por las propias beneficiarias, pero a veces son impuestas por los coordinadores.
“Las titulares, para fines prácticos, viven chantajeadas por todo mundo. Chantajeadas por las vocales, chantajeadas por los responsables de atención, chantajeadas por enfermeras, por maestros… en fin, y si hay otro actor, también. Y en realidad el dinero de sus apoyos, se va en cachitos que terminan pagando en muchas cosas”, explicó.
A esto se suma que en época electoral, los apoyos sociales se vuelven un vehículo para sacar ventaja política. Acción Ciudadana contra la Pobreza detectó que en las pasadas campañas electorales, los partidos intentaron comprar el voto de la gente con promesas de beneficios sociales: a alrededor de 600 mil electores les ofrecieron inscribirlos a un programa a cambio de su voto; medio millón recibió una oferta de becas o útiles escolares, y unos 400 mil, de atención médica, medicinas o lentes, de acuerdo con lo que arrojó una encuesta de esta organización.
“Cambiar esto pasa por varias acciones y pasa por un cambio en la voluntad política. Es decir, mientras quienes toman decisiones sigan viendo a los programas sociales como un botín a repartir entre los ganadores y un castigo para los perdedores u opositores, pues difícilmente se van a erradicar estas prácticas”, afirmó Serdán.
“Un peligro de corto plazo es que se terminen los intermediarios y no haya gente que haga esa chamba, o peor, que haya gente que vuelva a ser corruptos como antes, si no hay supervisión”, señaló Hernández Licona.
Un censo único, recomendable pero difícil de levantar
La primera consigna que López Obrador ha dado a sus futuros delegados estatales y regionales es que levanten un censo, tocando puerta por puerta, para identificar dónde hay adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, que serán incluidos en los programas pensados para dar una pensión o una beca a estas poblaciones, además de evitar duplicidades.
Tanto Hernández Licona como Serdán consideraron que efectivamente tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales sería clave, pero es una tarea que les pareció difícil de realizar en el corto plazo.
“Yo espero que estén conscientes de la complejidad de hacer un censo nacional, porque un censo es ir casa por casa a preguntar. El Inegi lo hace cada 10 años e invierten miles de millones de pesos, no puedes ir a unas casas sí y a otras no. Y dos: para levantar un censo se requiere gente profesional y capacitada”, comentó el titular de Coneval.
Serdán agregó que además de un padrón depurado, también habrá que hacer transparente quiénes son elegibles para los programas, por qué una persona entra y por qué en determinado momento sale, y que no vuelva a haber discrecionalidad en el funcionamiento.
El plan de tener mayor claridad en el padrón es que también haya una compactación y fortalecimiento central de los recursos invertidos en la política social, de acuerdo con el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar.
Por ello, adelantó a Animal Político, antes de que arranque el nuevo Gobierno los diputados harán revisiones y modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que Sedesol se transformará en Secretaría del Bienestar, y al Paquete Financiero para 2019.
“Sí va a haber una compactación y lo que queremos es terminar con esta dispersión de programas sociales, porque hay aproximadamente un poco más de cinco mil, a nivel estatal, municipal, federal, muchos de ellos se duplican, son lo mismo. Lo que se ha evaluado da como resultados que esta dispersión está provocando que no haya prácticamente ninguna mejoría en las condiciones de vida de los beneficiarios”, aseguró.
