A través de un Punto de Acuerdo, la Dip. del Partido Sinaloense, Angélica Díaz de Cuén, Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, solicitó al Ejecutivo del Estado, a través del Instituto Estatal de Protección Civil; así como a los 18 Unidades Municipales de Protección Civil, para que se implementen trabajos del Sistema Estatal de Alertamiento a la Población del Estado de Sinaloa y se actualicen los Atlas de Riesgos mandatados por la Ley General de Protección Civil y la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa.
En el segundo punto, solicitó al Instituto Estatal de Protección Civil, informe por escrito, a este H. Congreso, de la situación que guardan los Atlas de Riesgos Estatal y Municipales, así como los elementos financieros y técnicos que se requieren para que estos instrumentos, estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
De igual forma, la diputada Díaz de Cuén propuso sancionar a los servidores públicos que otorguen permisos, autoricen licencias o dictámenes para realizar cualquier tipo de construcción, obra de infraestructura, equipamiento urbano, acción de urbanización o asentamiento humano sin observar o contraviniendo el Atlas de Riesgos correspondiente.
Explicó que los graves estragos que dejó en Sinaloa la reciente Tormenta Tropical 19-E, se debió a la falta de un Atlas de Riesgos, e incluso el no tenerlo actualizado lo cual resulta imputable a los funcionarios encargados de la Protección Civil en los distintos niveles de gobierno, ya que la Ley General de Protección Civil y la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, establecen la obligación de las autoridades para elaborar y actualizar el Atlas de Riesgos.
“Dicho documento es un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables; asimismo, debe de ser la base para la toma de decisiones y constituye el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo”.
