Tras arribo de una ex funcionaria de Presidencia, dos empresas de tecnología ligadas entre sí han sido beneficiadas por el actual Gobierno.
B-Drive It y Engine Core, dos empresas de tecnología vinculadas entre sí, han tenido un explosivo crecimiento con el actual Gobierno federal y su crecimiento coincide con la llegada a su equipo de una ex funcionaria de la Presidencia de la República.
Las dos empresas participan en 59 contratos desde 2020 por al menos 2 mil 789 millones de pesos.
El incremento de sus contratos gubernamentales coincide con el nombramiento en agosto del 2020 de Claudia Elena Pérez García, ex funcionaria de la Presidencia reclutada como apoderada de B-Drive It.
Pérez García trabajó durante 11 meses como subordinada de Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre sus funciones estaban las licitaciones y adjudicaciones de contratos en la Presidencia.
De 2020 a la fecha, B-Drive obtuvo 55 contratos en el Gobierno federal por 828 millones de pesos, mientras que Engine Core, de reciente creación pero vinculada a la primera, suma otras cuatro asignaciones por al menos mil 961 millones de pesos.
Aldo Córdova, director general de B-Drive It y de Engine Core, dijo que el crecimiento de contratos gubernamentales se debe al bajo costo de sus servicios.
“La clara mayoría de lo que hemos ganado es por precio, teniendo un margen pequeño pero que nos permite operar y crecer”, dijo Córdova.
Pérez García trabajó hasta el 31 de octubre de 2019 como Subdirectora de Área en la Coordinación General de Administración de la Oficina de la Presidencia.
Su función era la supervisión de las licitaciones y adjudicaciones de contratos públicos, según lo refirió ella misma en su última declaración patrimonial.
En agosto de 2020, a los 10 meses de haber dejado la Presidencia, Pérez García se integró como apoderada de B-Drive It, empresa de tecnología que fue constituida el 21 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México.
En sus primeros años (2016-2017), B-Drive It prácticamente no tuvo contratos gubernamentales. De 2018 a 2019, la empresa sumó 7 asignaciones por 66.5 millones de pesos.
Pero a partir de 2020, año en que la ex funcionaria de la Presidencia se incorporó a la firma, el monto conjunto de los contratos se multiplicó más de 10 veces, al pasar de 66.5 millones de pesos en el periodo 2018-2019 a 735.5 millones de pesos entre 2020 y 2021. En lo que va de 2022 la compañía ha obtenido más asignaciones por 92.3 millones de pesos, según información oficial.
Pese a las promesas de López Obrador de terminar con la corrupción, cuatro años después de iniciado su sexenio el País ha retrocedido en el Índice de Capacidad para Combatir Corrupción al caer de 4.65 en 2019 a 4.05 en 2022.
