Plantea que para cuantificar las pensiones se determine con base en el salario de cotización promedio de las últimas 250 semanas
El grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa que busca dar certidumbre a las pensiones de los trabajadores que cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la derogada Ley del Seguro Social de 1973, y que continuaron haciéndolo bajo el régimen de la ley que entró en vigor en 1997.
La propuesta –suscrita por los 11 integrantes de la bancada– fue presentada en tribuna por el diputado Raymundo García Gutiérrez.
El documento plantea adicionar un párrafo al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social, de 1995, y que entró en vigor en 1997.
La iniciativa consiste en establecer con claridad que en el caso de los trabajadores que cotizaron con la Ley del IMSS de 1973, la base para cuantificar sus pensiones se determinará con base en el salario de cotización promedio de las últimas 250 semanas, teniendo como límite superior el equivalente a 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el monto máximo de las pensiones de quienes cotizaron bajo la Ley de 1973 no podrá exceder de 10 salarios mínimos diarios, cuando en el esquema pensionario de 1997 el tope es 25 salarios mínimos diarios.
García Gutiérrez subrayó que “hoy se hace imperante que el Congreso llene esta laguna legal, reestablezca la equidad entre aportaciones y beneficios para los asegurados al momento de pensionarse y no sacrifique los derechos adquiridos de los trabajadores que cotizan al Seguro Social”.
“Lo correcto debiera ser que el poder Legislativo elimine la incertidumbre o el capricho del Gobierno, y determine con claridad el método para la determinación de las cuantías de las pensiones que se otorguen”, precisó García.
De lo contrario, apuntó, los trabajadores de la “generación de transición” que vayan a pensionarse estarían en riesgo de que el monto de su pensión se pierda hasta en un 60%.
“Se estima que hasta un millón 100 mil cotizantes serían los afectados; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería la que se beneficiaría al ahorrarse los pagos correspondientes”, advirtieron los legisladores en su iniciativa.
El documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Social para su análisis y dictaminación.
Síntesis de Prensa Héctor Muñoz
