FRANCISCO GARFIAS (EXCELSIOR)
Así como el general Cárdenas hizo historia de la buena con la expropiación petrolera, el presidente López Obrador pretende hacer lo propio —pero de la mala— con la expropiación de los recursos del Poder Judicial.
Le va a arrebatar a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral Federal 15 mil millones de pesos, vía la extinción de 13 fideicomisos.
Para lograr sus propósitos cuenta con los obedientes legisladores del oficialismo. La iniciativa, presentada por Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y aspirante a gobernador, ya se aprobó en comisiones. Va al pleno el próximo martes.
Los diputados marcelistas y monrealistas tienen allí una gran oportunidad de evitar esa “expropiación” que se realiza con el falso argumento de que hay que acabar con los “privilegios” de ministros, magistrados y jueces.
En esos fideicomisos hay también aportaciones personales de trabajadores de base y mandos medios, según el diputado panista Héctor Saúl Téllez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Téllez dice que la iniciativa de Mier equivale a la “expropiación” de los recursos del Poder Judicial. No debió turnarse a la Comisión de Presupuesto, porque no modifica ninguna ley de carácter presupuestal, financiero o económico. Sólo cambia la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Reglamentaria del artículo 123 constitucional, en su apartado B.
Se debió haber turnado a la Comisión de Justicia, porque reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, y a la Comisión de Trabajo, porque modifica prerrogativas y derechos laborales de trabajadores del Poder Judicial.
“Nosotros —adelantó— vamos a utilizar este argumento en la acción de inconstitucionalidad que vamos a presentar ante la SCJN”, adelanta el diputado del PAN.
El analista Mario Di Costanzo, especialista en estos temas, se echó un clavado en los fideicomisos para ver de qué se trata. Su conclusión la subió a la red X:
“Al menos cinco —de los 13 fideicomisos— son para todos los trabajadores y no incluye a ministros. Se refieren a prestaciones laborales para las que ellos han aportado dinero. Es como si el gobierno les robara sus afores”.
Téllez nos completó el cuadro. Los fideicomisos prevén acciones complementarias con carácter de pensiones, derechos laborales y servicios médicos.
Otros fideicomisos tienen la característica de prever recursos para la estructura y el mantenimiento de propiedades del Poder Judicial de la Federación. No de los ministros, ni de magistrados ni de jueces.
—¿Qué intenciones de fondo habría detrás de la iniciativa del diputado Ignacio Mier?, preguntamos al panista.
—Materializar la frustración, el odio, la venganza del Presidente hacia el Poder Judicial, porque no ha logrado que vaya en el mismo sentido que pregona la 4T. Es decir, es un Poder que brinda equilibrio y no se ha sometido al Poder Ejecutivo.
Pero hay más: “El gobierno está desesperado. Se han acabado todos los recursos de estabilización, todos los recursos de los fideicomisos que extinguió, los recursos del fondo petrolero, los que había en materia de gastos catastróficos por enfermedades. Es el gobierno del dispendio y la falta de planeación financiera. El Presidente está desesperado por acarrear recursos de donde pueda”, consideró.
El notario Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de la República, coincide en que la extinción de los fideicomisos es una venganza. “El mensaje es claro: todo aquel que no se incline ante el Presidente será sometido”, puntualizó en la red X.
