- De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, los cinco plaguicidas más utilizados en México están prohibidos en 49 países debido a su alto grado de toxicidad aguda o crónica que puede ocasionar daños graves y permanentes a la salud
MEXICO.- El hijo de Karla Padilla regresaba de la escuela a la casa con ansiedad, dolor de cabeza y nauseas en El Mentidero, Jalisco, una comunidad que es símbolo en México en la lucha contra el uso de plaguicidas para los cultivos agrícolas por su relación con el incremento de cáncer y otras enfermedades.
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, los cinco plaguicidas más utilizados en México están prohibidos en 49 países debido a su alto grado de toxicidad aguda o crónica que puede ocasionar daños graves y permanentes a la salud.
Sin un control adecuado de las autoridades sanitarias, explica el estudio, México importó en una década, entre 2010 y 2019, casi 250,000 toneladas de esos químicos procedentes principalmente de Estados Unidos y China —donde están prohibidos — a pesar de que por decreto presidencial están vetadas muchas de ellas como el DDT y el endosulfán
Otras, como el paraquat, la atrazina, la metamidofós o la cloropicrina siguen un camino abierto hasta los campos mexicanos aunque a nivel internacional tienen la categoría de peligrosos y dañinos para la salud.
En El Mentidero, Karla Padilla habló con otros padres de familias sobre los síntomas que presentaba diariamente su muchacho cuando regresaba de la telesecundaria Venustiano Carranza, ubicada en un territorio de vocación cañera y cultivos de verduras.
Todos coincidieron en que los 56 niños que acudían a la escuela tenían los mismos síntomas: nauseas, fiebres, vómitos, dolores intensos de cabeza y menstruales y hasta ansiedad.
Indagando entre alumnos, profesores y directivos descubrieron que en la telesecundaria se rentaba una parcela, propiedad de la institución, a un agricultor que fumigaba los sembradíos de pepino y maíz con un coctel de químicos en los mismos horarios en que los estudiantes estaban en clases o en el recreo.
“Había ocasiones en que los niños estaban desayunando entre 10:30 y 11:00 y ya estaban rociando y todo eso estaban absorbiendo los niños. De hecho, los salones, las ventanas que dan al potrero y todos los vapores se concentraban en las aulas”, dijo Karla Padilla.
Fue entonces cuando los padres de familia hablaron con el director para explicarle que entre el español y el algebra; entre los recuerdos de la Primera Guerra Mundial y los tipos ecosistemas, hacía falta atender los asuntos de salud.
Era el año 2016. “El director dijo que se entrevistaría con el señor a cargo de esa parcela y, en otra reunión le preguntamos qué respuesta obtuvo, y dijo que ‘no muy buena ‘ y así se siguió fumigando”
Los padres siguieron quejándose, pero las bombas de aspersión comandadas por los campesinos seguían lanzando a diestra y siniestra el veneno para matar las plagas de los cultivos que posteriormente serían vendidos en los mercados a costa de una estela de sin sabores en El Mentidero.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, la legislación mexicana se caracteriza por vacíos de regulación que han permitido que se utilicen fertilizantes, herbicidas e insecticidas químicos en el 57% de las unidades de producción agrícola del país que son muchas y extensas.
México ocupa el tercer lugar en América Latina en porcentaje de tierras cultivables y los agricultores utilizan los productos porque hay acceso a ellos, por costumbre, comodidad y ahorro de dinero.
“Controlar plagas o malezas sin estos químicos es carísimo, la agricutura orgánica es muy costosa”, explica Antonio Mendoza, un ingeniero agrónomo que mantiene una batalla regional en el sur del Estado de México y Norte de Guerrero. “Por otro lado, las autoridades son muy perezosas o desconocen las realidades del campo, al que consideran un asunto menor, y no hay absolutamente ninguna vigilancia sobre el uso de estos químicos”.
En el caso de Jalisco, ni el director de la telesecundaria, René Michel ni el presidente municipal, Miguel Ángel Iñiguez, hubieran hecho caso, de no ser por un factor de suerte a favor de los pobladores.
Un grupo de investigadores que realizaban estudios sobre el uso de agroquímicos para la Universidad de Guadalajara escogieron al municipio de Autlán como centro de análisis.
La sospecha sobre le abuso de químicos dañinos para la salud en el municipio agrícola se confirmó con otro hallazgo de alerta roja: las muestras de orina de los 53 estudiantes de la telesecundaria de El Mentidero, presentaron cuatro diferentes herbicidas: glifosato, 2,4-D, picloram y molinato.
Además, los médicos extendieron los estudios a 178 niños de la primaria José María Morelos, al kínder de El Mentidero y a 103 niños de Ahuacapán (otra comunidad). En total encontraron 12 plaguicidas distintos en su orina.
En una reunión con los padres de familia, los investigadores les explicaron que el molinato puede perjudicar los espermatozoides cuando la exposición es constante. El picloram, el 2,4-D y el glifosato son cancerígenos, alteran el equilibrio hormonal, causan hiperactividad y pérdida de atención en niños, además de daño renal y hepático a largo plazo.
Hasta el momento del estudio, los investigadores descartaron daño hepático, pero lanzaron una advertencia: “Si siguen absorbiendo los químicos viene el cáncer u otras enfermedades mortales”.
Los investigadores dieron parte de sus resultados a la prensa local y de ahí salto a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CDHJ).
Esta institución atrajo el caso por oficio y emitió en días pasados una recomendación con llamado de atención al ayuntamiento de Autlán y al gobierno del estado porque hasta la fecha se han limitado a “hacer capacitaciones” sobre el uso de plaguicidas.
La CDHJ quiere más: que se potabilice el agua para evitar la contaminación por esa vía con agentes químicos así como la reparación del daño de las víctimas y sus familias: gastos médicos, orientación jurídica, etcétera
También pidió castigo para el personal del ayuntamiento que resulte responsable por la omisión en la aplicación de la legislación municipal y estatal y que el gobierno del estado de Jalisco reconozca oficialmente al número de afectados con nombre y apellidos.
De esta recomendación se realizó el pasado 2 de agosto. Ninguna autoridad la ha aceptado. Mientras tanto, los agricultores aún usan químicos para desyerbar, para las plagas, para contaminar.
