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Diputados del Partido Sinaloense votan a favor de las reformas a la Ley de la ASE y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Durante sesión extraordinaria del Congreso del Estado, diputados del Partido Sinaloense aprobaron reformas a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con la cual se armoniza y sistematiza con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de combate a la corrupción, en lo relativo a la fiscalización y rendición de cuentas públicas.

En esta reforma se establece que la revisión y fiscalización de las cuentas públicas que presentan los entes auditados se realice de manera anual; incorporar como principios rectores del desempeño de la ASE los de posterioridad, anualidad, defintividad y contabilidad.

Las reformas contemplan armonizar la Ley de la ASE con la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de anticorrupción, para establecer entre otros, como principios rectores de la fiscalización superior: la legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; y que el Auditor Superior del Estado tenga como atribución recibir por parte de la Comisión de Fiscalización la cuenta pública anual del gobierno del Estado y la de los Municipios, así como el Informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, que deban presentar los entes públicos estatales y municipales, la cual deberá ser presentada a la legislatura del Estado a más tardar el 30 de abril.

Cabe destacar que durante esta sesión extraordinaria, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez y los diputados Moisés Aarón Rivas Loaiza y Zenén Aarón Xóchihua Enciso, en la que proponen adicionar diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, en materia de impuesto a hospedaje.

En otro orden del día se aprobó el dictamen de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía, así como crear las instancias y mecanismos que permitan la salvaguarda de los derechos humanos apegado a los principios de constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a la dignidad humana.

 

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